En el hemiciclo senatorial, el nerviosismo se reflejaba por el ajustado “poroteo” con el que oficialismo encaró la votación en general. En tanto, fuera del Congreso de la Nación el eje de tensión se dio por los serios incidentes entre las fuerzas de seguridad federales y manifestantes de izquierda y sindicatos afines al kirchnerismo.

La composición del voto de rechazo contra la ley Bases fue formada por el bloque Unidad Ciudadana, que conduce Juliana Di Tullio (Buenos Aires), y el Frente Nacional y Popular, que lidera José Mayans (Formosa). Ambos conforman un interbloque de 33 senadores a los que se le plegó el bloque santacruceño, que integran José María Carambia y Natalia Gadano, y el radical Martín Lousteau (CABA).

En la vereda del frente, LLA logró aglomerar y sellar 36 voluntades, tras la maniobra de Carambia y Gadano que el martes dieron la sorpresa al romper el piso de 38 votos con el que contaba la Casa Rosada, ya que Lousteau ya había advertido que presentaría su propio dictamen, dejando en claro que votaría en contra del proyecto y defendería su propio texto en la sesión.

Los escaños que apoyaron a LLA vinieron por parte del radicalismo, que aportó 12 votos para la general; seis del PRO; tres de Cambio Federal; uno de Comunidad Neuquén, con la zigzagueante Lucila Crexell; dos del Frente Renovador de la Concordia; uno de Juntos Somos Río Negro; uno de Por la Justicia Social; tres de Unidad Federal; y los siete libertarios. A este número se le sumó el voto de Villarruel para llegar a los 37 contra los 36 opositores.

Una de las dudas marchaba sobre si la vice estaría o no al momento de votación presidiendo la sesión. La incógnita radica en el viaje que tenía planeado realizar el presidente Javier Milei este jueves por la madrugada a Italia para participar de la cumbre del G7. Si esto sucedía, Villarruel debería hacerse cargo del Poder Ejecutivo nacional.

En este caso, el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, tendría voto doble; es decir, votaría primero en su calidad de senador en ejercicio y, posteriormente, lo haría como titular de la Cámara alta en reemplazo de Villarruel. Despejada esta duda, este escenario podría aplicarse en la del paquete fiscal, cuyo debate estaba previsto para iniciarse al término de la votación en particular de Bases.

Según fuentes consultadas por Noticias Argentinas en Balcarce 50, el jefe de Estado no tenía una hora fijada para partir hacia Europa. A su vez, no se descartaba la posibilidad de que se demorara la salida del vuelo para que Villarruel pudiera desempatar la votación en la Cámara alta en Bases, de ser necesario.

Más cambios en el dictamen de mayoría

El debate de la ley de Bases inició pasadas las 10 de este miércoles con la lectura por parte Abdala del dictamen de mayoría. En su alocución, el senador riojano expuso las primeras modificaciones que realizó el oficialismo para contentar a varios legisladores dialoguistas, pero que iban a votar contra las facultades delegadas y el capítulo de privatizaciones.

Las compañías estatales que quitaron fueron Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). Otro cambio fue la prohibición de la disolución de los organismos de cultura en el artículo 3. Más tarde, ya entrada la noche, profundizó en más retoques, pero esta vez en el cuestionado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) referidos a la liquidación de divisas, entre otros. Otro punto en el que el oficialismo debió ceder es en el plano previsional.

En esta línea, la senadora cordobesa Alejandra Vigo propuso la eliminación del capítulo alusivo y la Casa Rosada aceptó. De esta manera, se mantendrá la moratoria que permitía hacer un plan de pagos para comprar aportes para llegar hasta los 30 años, y se elimina el mecanismo para jubilarse cobrando una prestación proporcional menor al haber mínimo.

El Gobierno también accedió a incluir un artículo para que se terminen las obras públicas que estuvieran ejecutadas en un 80 por ciento o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción, en un claro guiño a Lousteau, dado que fue un expreso pedido del correligionario.

El debate

El cierre estuvo a cargo de los jefes de bloque. Por parte de LLA, lo hizo el senador Ezequiel Atauche quien sostuvo que los “argentinos votaron un cambio” y resaltó: “El Gobierno lo aclaró: esto no va a ser fácil y aplaudo a los que siguen manteniendo ese camino porque si uno sale a la calle se da cuenta”.

“Cumplimos promesas de campaña, algo inédito. Dijimos que íbamos a reducir el gasto publico y lo hicimos, redujimos 15 puntos del PBI, redujimos impuestos, comenzamos con una reforma monetaria”, sostuvo el representante de la Provincia de Jujuy.

Por su parte, el cordobés Luis Juez fustigó contra el kirchnerismo, pero también apuntó contra el Ejecutivo: “Advertimos al gobierno, que tiene una terrible inexperiencia en materia parlamentaria (que por momentos asusta), de que la ley como estaba antes no iría a pasar por el Senado”. No obstante, afirmó que el PRO acompañaría “convencido” de que este Gobierno “se merece tener una hoja de ruta y los argentinos una idea sobre adónde ir”.

El radical Eduardo Vischi (Corrientes) fue uno de los más optimista con el oficialismo: “Debemos tener un poco de buena fe con un gobierno que recién empieza y fue elegido por el pueblo argentino. No creo que Milei sea el cambio. El argentino cambió y colocó a Milei para que haga el cambio que la política no pudo hacer. O la dirigencia cambia o la gente nos cambia”.

Mientras que el kirchnerismo, como era de esperar, esbozó los discursos más pirotécnicos. Mayans cargó contra Milei: “Nosotros no vamos a acompañar porque no creemos que a esta persona se le puede dar poder absoluto, porque violaríamos la Constitución Nacional y para eso existe la división de poderes. Éso es el Estado, éste no tienen ni la más mínima idea y anda cantando en el Luna Park”.

Di Tullio, a su parte, lanzó: “No creo que este sea el cambio que los argentinos quieren. Sigue siendo invotable este proyecto por más esfuerzo que hayan hecho. No hay ningún solo artículo que beneficie al pueblo argentino”.

Pasado el mediodía, creció la tensión frente al Congreso, donde gremios, movimientos sociales y agrupaciones kirchneristas y de izquierda se manifiestan contra la Ley Bases. La Policía arrojó gases lacrimógenos y hay al menos un detenido.

El primer pico de tensión se vivió pasadas las 13.30. En un primer intento infructuoso por despejar la intersección de Callao y Rivadavia, una fila de uniformados avanzó unos metros y, a fuerza de gases lacrimógenos, logró desplazar al grueso de manifestantes por tan solo unos minutos. La policía ganó terreno, plantó una hilera de contención, pero los manifestantes volvieron a poblar la esquina. Volaron botellas, los insultos se amplificaron y hubo algunas personas tendidas en el piso producto de los efectos del gas. Las más comprometidas recibieron el auxilio de un grupo de trabajadores y estudiantes de la salud ligado al Partido de los Trabajadores Socialistas que buscaba neutralizar los efectos del gas aplicándoles leche a los heridos.

La escalada se aplacó, pero tanto la avenida Rivadavia, como Entre Ríos y Callao (su continuación) siguieron bloqueadas al tránsito. En medio de la tensión, se lo vio al diputado de Unión por la Patria Germán Martínez tratando de aquietar las aguas. Entre los que sufrieron los efectos del gas pimienta estuvieron sus compañeros de bloque Carlos Castagneto, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau.

Finalmente, a ritmo sostenido, dos líneas de uniformados avanzaron sobre Callao desplazando a la totalidad de los manifestantes hasta Bartolomé Mitre. La escalada de tensión se estancó nuevamente, pero el clima en los alrededores del Congreso quedó enrarecido.

Los manifestantes habían empezado a llegar cerca de las 9. Los esperaba un muy fuerte operativo de seguridad, que incluye a la Policía Federal y la Gendarmería, para custodiar el edificio del Congreso y sus alrededores. Este miércoles, en una muy reñida y ajustada votación, podría definirse la suerte de la Ley Bases.

Con focos de concentración que se fueron nutriendo con el correr de la mañana, esta muy amplia muestra de organizaciones y figuras opositoras se distribuye por la Plaza de los Dos Congresos, a lo largo de casi dos cuadras.

Camioneros -que aporta un gran número de manifestantes-, Suteba, la Asociación de Personal Legislativo (APL), la Central de Trabajadores Autónomas y la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) son algunos de los muchos sindicatos que plantaron sus banderas de protesta a metros de un Congreso cercado por vallas que fueron colocadas ayer por la noche. Es que el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se activó desde temprano. Tanto como las primeras expresiones de rechazo: por la madrugada, con Gabriel Katopodis a la cabeza, dirigentes de Unión por la Patria emprendieron una vigilia bajo la consigna “frenemos la ley”.

“Pacíficamente, hay laburantes, compañeros, militantes, que vienen a expresar con mucha tranquilidad que no es esta la ley que necesita la Argentina”, dijo a LA NACION Katopodis, ministro de Obras Públicas de Axel Kicillof y jefe político del municipio San Martín. “Desde muy temprano militarizaron el Congreso”, añadió.

También estuvo presente el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y el exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta. “No estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que propone este proyecto de Ley. No soluciona los problemas de la gente que está en los barrios, los sectores medios, los comerciantes, las pymes, ni ninguno de los problemas estructurales que tenemos en nuestro país”, indicó Gray.

“La masividad es clave”, declaró por la mañana el secretario general de ATE, Oscar de Isasi, en alusión al rol que, entiende, juega la calle en una votación signada por la paridad. El líder de camioneros, Pablo Moyano, hoy distanciado de sus pares cegetistas, encabezó la columna de su gremio y llegó a la plaza pasado el mediodía, arropado en su propio operativo de seguridad. “Hablamos después que salga. Hoy está empatado”, dijo Moyano ante la consulta sobre el resultado de la votación de la Ley Bases. “Tengo la esperanza de que se rechace. Hay dos o tres senadores y senadoras que están dudando. Hay que decirles que llegaron a su banca con los votos de trabajadores y trabajadoras”, amplió.

A un lado de los sindicatos, en la primera línea de la manifestación, se ubica la izquierda. El Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Nuevo Más, el Partido de los Trabajados Socialista (PTS), entre otros, se recuestan sobre la avenida Rivadavia –que permanece bloqueada al igual que Hipólito Yrigoyen– y se enfrentan cara a cara con un ágil pero aplomado cordón de la Policía Federal que procuró -sin éxito- resguardar la circulación vehicular sobre Callao.

Promediando la tarde, dirigentes políticos de uno de estos partidos, recargaron fuerzas con un avocado toast y unos huevos revueltos en un famoso local de café sobre la avenida Callao.

En las inmediaciones del Congreso se vieron desplazamientos y vehículos de distintas fuerzas, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval, entre otras. La Policía de la Ciudad, con 500 efectivos, también participa del operativo.

Las organizaciones sociales también dieron el presente en las afueras del Congreso. En una plaza blanquecina, teñida por la niebla, algún fuego artificial y el humo de varias decenas de parrillas, el Polo Obrero, Libres del Sur y el Movimiento Evita, entre muchas otras agrupaciones, llegaron temprano para presionar sobre un recinto que hoy podría definir el largo y sinuoso camino de la Ley Bases.

Una atmosfera más festiva se vive 50 metros por detrás de la primera línea de banderas, donde unos parlantes ubicados en andamios, junto a unas batucadas, le ponen música a una jornada que se anticipa larga. Mates, cerveza y algún bailoteo aislado marcan el tono en el corazón de la Plaza Congreso.

Con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, en el recinto monitoreando la sesión, por los pasillos de Casa Rosada creen que cuentan con los números para la aprobación general, pero le temen a la votación del articulado.

“En Senado el panorama fue siempre más complejo que en Diputados porque partís de 33 votos en contra”, admitieron en una de las oficinas de Balcarce 50.

Según el cálculo que realiza el Ejecutivo, alcanzarían los 38 votos positivos para la sanción en general, pero hay serias dudas para la votación particular, por lo que el escenario de empate aparece como una de las posibilidades más concretas.

De esta forma, la de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, o el presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, serán los encargados de desempatar la votación. Eso dependerá del horario en el que suceda debido a que el presidente Javier Milei tiene previsto partir a 22.30 rumbo a Italia para participar del G7.

Por los pasillos de Casa Rosada sacan cuentas y aseguran que cuentan con “36 votos duros”, y aunque hay expectativas de conquistar el respaldo de algunos senadores peronistas en determinados puntos del articulado, admiten que las llaves de la votación la tiene el radical Martín Lousteau, quien adelantó que votará en contra, algo esperado por la administración libertaria.

Lo cierto es que en caso de aprobarse, están mentalizados para que vuelva a la Cámara de Diputados para tratar las modificaciones, pero de salir rechazada, ya anticipa que retirarán el paquete fiscal. “No hay paquete sin ley, eso está más que claro”, subrayaron al respecto. 

La maniobra de los santacruceños José María Carambia y su compañera de bloque Natalia Gadano, sorprendieron incluso al propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había dialogado en persona con el senador.

Luego de haber aceptado un incremento del 3 al 5 por ciento de las regalías mineras y de haber firmado el dictamen -aunque en disidencia-, los senadores encendieron las alarmas del oficialismo cuando en la previa de la sesión hicieron públicas sus intenciones de no dar quorum.

Por otro lado, desmienten que el proceso de designación de la senadora Lucila Crexell como embajadora ante UNESCO haya sido una estrategia para conquistar su voto en el recinto. “Se trata de un proceso que viene desde hace tiempo, pero lo llamativo es que se filtre”, sentenciaron.

En paralelo a la actividad del Congreso, el presidente Javier Milei cumple con agenda propia. A media mañana, expuso en el predio de La Rural ante empresarios nucleados en la ExpoEFI 2024, y se limitó a destacar las bondades del proyecto y casi no hubo alusión contra los legisladores a quienes supo llamar “casta inmunda”. 

Tras cumplir con el compromiso, el mandatario volvió a la Quinta de Olivos, y se prepara para disertar en el congreso del Instituto Cato y la Fundación Libertad y Progreso.

A las 22.30 está previsto que parta rumbo a Italia para dar el presente de la Cumbre del G7, incluso se habla de la posibilidad de que demore el horario de salida para seguir la votación de la ley. Fuentes presidenciales aseguran que el horario “por ahora” se mantiene. 

Con incidentes frente al Congreso, la Bolsa argentina cotiza al alza, los ADRs suben hasta 7% y los bonos mejorar hasta 2%.

En ese escenario, el riesgo país está a punto de perforar los 1.500 puntos básicos.

Los bonos que más suben son el Global 2038 (GD38), que escala 2,1%, seguido por el Global 2029 (GD29), 1,8%, el Global 2035 (GD35), 1,4%, y el Global 2030 (GD30), 1,3%.

En la Bolsa, el índice líder S&P Merval sube 1,9%, a 1.574.720,33 unidades, con mejoras en acciones financieras y de energéticas.

En el panel de vanguardia, los papeles de Banco Supervielle suben 3,5% seguidos por los de YPF (+3,2%), Grupo Galicia (+2,7%) y BBVA (+2,6%).

A su vez, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street avanzan lideradas por Grupo Supervielle, seguido de Grupo Financiero Galicia (+5,3%), BBVA (+4,2%), Banco Macro (+4,2%) e YPF (+3,8%).

Entre los hombres de negocios apuestan a que el gobierno pueda avanzar con cambios claves en materia laboral y de apertura a la llegada de inversiones.

La votación en la Cámara alta aparece muy disputada, con pronóstico de empate, que debería ser desnivelado por la titular del Senado, Victoria Villarruel.

Mariana Reinke

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipara que, si se termina de aprobar la Ley Bases en el Congreso, el Gobierno avanzará en una baja del impuesto PAÍS para las importaciones de 17,5% a 7,5%, en el sector agropecuario destacaron la iniciativa aunque señalaron que saber cuándo y de qué manera lo van a hacer sería prioritario. Indicaron, además, que su eliminación definitiva a fin de año sí sería un cambio “contundente”. El impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) es una recaudación del gobierno nacional no coparticipable con las provincias y que nació para financiar la Anses, el PAMI, y también hacer aportes al Fondo de Integración Socio Urbana.

Diego Napolitano, presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (Cedasaba), dijo que en principio todo lo que sea baja de aranceles, impuestos, “es bienvenida”, ya que siempre es el sector agroindustrial el que “le pone el hombro al país constantemente”.

Sin embargo, destacó, en lo personal, que este anuncio de baja es como “el día de la marmota”. “Siempre se repiten estas cosas. Por ejemplo, estuvimos un mes con una baja de aranceles que lo que provocó en forma inmediata es una paralización comercial. Ahora nos dicen que si se aprueba la Ley Bases, va a bajar el impuesto PAÍS, pero no dan precisiones de cuándo y, al no darte una fecha, es muy complejo porque lo que caracteriza al sector es que nosotros usamos productos por estación”, remarcó a LA NACION.

“Al no tener certezas de cuándo se aplicará esta baja, retrasará todas las tomas de decisiones. Y, por otro, para iniciar la campaña de gruesa, lo más probable que, en el caso de fitosanitarios, los productos ya estén viniendo en un buque o ya los tengas en la Argentina. Por ende, esos importadores ya pagaron el 17,5% y va a haber mercadería con esa carga impositiva y no se va a poder [bajar el precio] o va a costar mucho prorratearla. Hay productos que se van a vender ahora en julio, agosto, septiembre y después hasta julio, agosto y septiembre del año que viene no se va a comercializar, por lo tanto no se va a poder prorratear hasta ese momento. Si bien celebro la baja de aranceles, lo que preocupa es la falta de previsión: no saber ni cuándo ni cómo”, añadió.

Recordó que por año se utilizan unas 2.200.000 toneladas de urea (fertilizantes), de las cuales el 50% lo produce Profertil (que ahora entra en periodo de reacondicionamiento de planta que lo hace siempre en julio) y el “restante 50% es importado, al cual le afecta directamente el tributo”.

Señaló que el caso más grave es el fósforo porque, si no se aclara cuál es la fecha en la que bajará finalmente el impuesto PAÍS, el importador de fósforo, que se importa el 100%, va a esperar hasta último momento. “Por este motivo, podría estar en riesgo el ingreso de fósforo para la campaña gruesa. Es un gran inconveniente”, vaticinó.

Por último, sostuvo que el tema de los fitosanitarios es aun más complejo donde, en su gran mayoría se traen los grados técnicos y se formula en el país, aunque se pueden traer directamente ya formulados de afuera para el productor: “El que viene terminado de afuera le pega de lleno, pero al que viene a formularse en la Argentina dependerá de su formulación para ver si el impacto del tributo se diluye o no”.

Para Federico Landgraf, director Ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), el anuncio “es un pedido de todo el sector privado que está en línea con las conversaciones mantenidas con el Gobierno y es consistente con sus políticas económicas anunciadas”.

“Una buena noticia que generaría un escenario más propicio para el comercio de importación y mejoraría la competitividad de toda la cadena agroindustrial. Desde Casafe estamos dispuestos a participar de todas las mesas de diálogo que sean necesarias y colaborar en la búsqueda de soluciones favorables a todos. El diálogo interinstitucional es fundamental para el desarrollo de políticas que beneficien, tanto a la economía del país, como a los distintos sectores productivos”, indicó.

En el mismo sentido, Armando Allinghi, director Ejecutivo de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), completó: “De darse la baja del impuesto PAÍS sería una muy buena noticia. Es uno de los ítems que más impacto tiene en los costos de importación de las materias primas de fitosanitarios y de fertilizantes y, consecuentemente, esto repercute en los precios de los insumos que utilizan los productores agropecuarios”.

En declaraciones a LN+, Caputo confirmó lo dicho por el presidente Javier Milei quien había manifestado su intención de retrotraer esa suba del tributo realizada en diciembre pasado a su anterior valor de 7,5%. “El impuesto PAÍS joroba y mucho”, dijo el titular de la cartera económica.

Para Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), claramente el preanuncio que hizo el ministro de Economía siempre “es alentador”. Y recordó que en la actualidad el tributo que todos los productos del agro, como fertilizantes, agroquímicos y productos veterinarios están pagando y eso encarece mucho los insumos y los costos del productor.

“Bajarlo al 7,5% es regresar a la alícuota que estaba anteriormente. Lo más importante es que Caputo tiene que confirmar que el 24 de diciembre se eliminará el Impuesto PAÍS, esto es lo más contundente. La baja transitoria de ahora de 10 puntos es bueno, pero tienen que confirmar que se va a eliminar el tributo el 24 de diciembre. Es fundamental arrancar el 2025 sin un impuesto adicional a las importaciones”, enfatizó Idígoras.

En coincidencia, Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), precisó que en general son todos los sectores económicos los que “están pidiendo esa baja”. Respecto a si esto influye en las importaciones de alimentos, señaló que “el mayor riesgo es el atraso cambiario” porque no solo baja el costo de lo importado sino que aumenta su costo en dólares.

Si bien el Gobierno tiene en mente ese descenso en el porcentual del tributo, en sentido contrario, un mes atrás había ampliado su alcance, estableciendo que se aplicará el impuesto PAIS al giro de dividendos al exterior. Es decir que por ahora tendrán el 17,5% de gravamen la compra de divisas para aquellas empresas que quieran enviar los dividendos a sus casas matrices y que no lo pueden realizar por el cepo cambiario. Esta normativa regirá hasta el 31 de diciembre de 2024. El Gobierno lo estableció después que esa semana anterior permitiera que las compañías adquieran bonos Bopreal y así poder enviar utilidades pendientes de pago a accionistas no residentes. Desde septiembre de 2019 no pueden hacerlo, cuando el gobierno de Alberto Fernández puso en marcha los controles de cambio.