En un escenario político atravesado por la confrontación, un amplio frente de gremios opositores al Gobierno convocó a un paro nacional de 36 horas para este viernes 27 de febrero, en simultáneo con el debate en el Senado de la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei. La protesta incluirá cese de actividades y movilizaciones al Congreso, con el objetivo declarado de frenar una iniciativa que, según los sindicatos, implica un retroceso en materia de derechos laborales.
La convocatoria fue lanzada por el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), un espacio que nuclea a más de un centenar de organizaciones gremiales. Entre ellas se encuentran la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sindicatos aceiteros, aeronáuticos y federaciones docentes. El esquema previsto contempla 24 horas de paro sin concurrencia a los lugares de trabajo y otras 12 horas destinadas a movilización.
Desde ATE, su secretario general, Rodolfo Aguiar, ratificó la adhesión y cuestionó con dureza el proyecto oficial. Sostuvo que la reforma “precariza el empleo y elimina conquistas históricas”, y denunció advertencias del Ejecutivo sobre eventuales descuentos salariales a empleados públicos que se sumen a la medida de fuerza. En el Gobierno, en cambio, argumentan que los cambios apuntan a modernizar el régimen laboral y dinamizar el mercado de trabajo.
La definición clave, sin embargo, pasa por la postura que adopte la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera de mayor peso político. La conducción cegetista convocó a su mesa chica para analizar el escenario y fijar posición. Puertas adentro conviven posturas divergentes: sectores considerados más combativos presionan para avanzar con un nuevo paro general, mientras que otros dirigentes evalúan alternativas como una movilización al Congreso o la vía judicial para impugnar la norma en caso de ser aprobada.
El antecedente inmediato es el paro del 19 de febrero, que tuvo alto nivel de acatamiento y paralizó buena parte de la actividad económica. No obstante, en la cúpula sindical admiten que no existe, por ahora, consenso pleno para repetir una medida de esa magnitud en tan corto plazo. La decisión final dependerá, en buena medida, del tono que adquiera el debate parlamentario y de las señales políticas que surjan desde el oficialismo.
A la protesta también se sumaron las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que convocaron a una jornada nacional de lucha con marchas en distintos puntos del país. En el ámbito educativo, gremios como CTERA y SADOP anticiparon un cese de actividades para el lunes 2 de marzo, lo que podría impactar en el inicio del ciclo lectivo en varias jurisdicciones.
El frente sindical cuenta además con la adhesión de gremios estratégicos del transporte, entre ellos aeronáuticos y controladores aéreos, lo que anticipa posibles cancelaciones y demoras en vuelos, así como complicaciones en otros servicios públicos. Con la reforma laboral ya aprobada en Diputados y a un paso de su tratamiento en el Senado, el conflicto escala y amenaza con profundizar la tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero, en un contexto económico todavía frágil y con alta sensibilidad social.