El Gobierno nacional mantiene una firme resistencia a alterar el capítulo de Ganancias dentro del proyecto de reforma laboral, pese a las insistentes demandas de los gobernadores dialoguistas. Fuentes oficiales aseguran que no se contemplan modificaciones sustanciales en el texto, que propone rebajas en el impuesto a las Ganancias para sociedades y alquileres destinados a vivienda familiar. Esta intransigencia genera crecientes tensiones, mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, sostiene encuentros con mandatarios provinciales, como el realizado este jueves con gobernadores del norte en la Capital Federal. El oficialismo apunta a debatir la iniciativa en el Senado el próximo 11 de febrero, aunque las negociaciones permanecen estancadas en un contexto de sesiones extraordinarias con solo 13 días de margen.

Los gobernadores aliados, entre ellos Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, exigen compensaciones por la merma en los fondos coparticipables, calculada en entre 5.000 y 6.000 millones de pesos mensuales según sus estimaciones. El ajuste impositivo reduce la recaudación de Ganancias, principal fuente de estos giros automáticos a las provincias, lo que aviva los desacuerdos en las tratativas. Sáenz, tras una reunión clave, declaró: “Siempre hemos acompañado y garantizado la gobernabilidad, pero nunca afectando los intereses de cada una de nuestras provincias”, y comparó el equilibrio necesario con una mesa de “cuatro patas”: empleados, sindicatos, empleadores y provincias.

El costo fiscal de estas modificaciones para 2026 se estima en el 0,22% del PBI, de acuerdo con el Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf). Desde el núcleo libertario rebaten estas proyecciones, argumentando que los mandatarios “están haciendo las cuentas mal” y que la recaudación se recuperará en 2027 gracias al impulso económico derivado de mayor formalidad y crecimiento. Un alto funcionario oficialista afirmó: “Seguimos hacia adelante. Nosotros estamos convencidos que hay que bajar impuestos y que para 2027 van a ser recuperados con mayor formalidad y crecimiento”. Otra fuente cercana agregó: “Nosotros queremos bajar impuestos y las provincias se resisten. Ese es el tema que complica las conversaciones ahora”.

En un revés histórico para el gigante industrial argentino Techint, su subsidiaria Tenaris fue excluida de la licitación para suministrar caños destinados a un gasoducto clave para la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde Vaca Muerta. La adjudicación, anunciada el 23 de diciembre de 2025 por el consorcio Southern Energy (SESA) —integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG—, favoreció a la empresa india Welspun con una oferta de 203 millones de dólares. Esta derrota marca la primera vez en 70 años que Techint pierde un contrato de esta magnitud en el sector, en medio de un contexto de tensiones políticas y económicas bajo el gobierno de Javier Milei.

El proceso licitatorio, iniciado a fines de octubre de 2025, duró dos meses y atrajo propuestas de Tenaris por 296 y 282 millones de dólares, superadas por la de Welspun. Techint intentó una contraoferta de 250 millones, pero llegó fuera de plazo, invalidándola. Cuatro firmas chinas también compitieron, aunque sus cotizaciones fueron un 15% más altas. Fuentes de SESA argumentaron que aplicar medidas anti-dumping contra Welspun, como impulsaba Techint, erosionaría la rentabilidad en un mercado de GNL con márgenes ajustados, donde los precios spot en Europa rondan los 11-12 dólares por millón de BTU y se proyectan caídas a 9,50 en 2027 y 8,40 en 2030, antes de un posible rebote.

La decisión impacta directamente en la planta SIAT Tenaris de Valentín Alsina, en Lanús, que emplea a 400 personas y genera 1.200 puestos indirectos. Aunque Techint desmintió planes de contratación adicional por 150 empleados, una carta interna del 6 de enero de 2026 advirtió que el contrato perdido habría asegurado nueve meses de producción normal. Con el proyecto actual para el oleoducto Duplicar Norte en marcha, se anticipa una desaceleración desde abril o mayo, poniendo en riesgo hasta 200 empleos en un escenario de incertidumbre laboral.