Pocas horas después de vetar la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se vio obligado a apurar las negociaciones con los bloques dialoguistas a partir del llamado urgente a sesionar el próximo miércoles que hicieron la UCR y Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica y partidos provinciales. Ante un escenario de escasez de respaldos en el Congreso, el oficialismo busca convencer a PRO de que respalde el rechazo del Presidente, o, al menos, que se ausente la mayor cantidad de legisladores de esa fuerza para facilitarle reunir los dos tercios de los presentes.
Después de que el veto del Presidente se oficializara después de la masiva marcha federal de ayer, esta mañana la Casa Rosada entró en ebullición. Según el vocero, Manuel Adorni, el tema que más preocupa al gobierno ni siquiera se tocó en la reunión de Gabinete que encabezó Milei. Pero en otros despachos se trabajaba el plan a destajo y a contrarreloj.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó temprano para reunirse con su primo y asesor de Karina Milei -en rigor, ambos lo son- para sincronizar ideas de cara a la serie de reuniones secretas que tiene previstas con referentes de las otras fuerzas en el Congreso. Mientras que el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, segundo de Guillermo Francos, recibía al jefe de la bancada de PRO, Cristian Ritondo. Después, ambos continuaban durante la tarde con las charlas presenciales y telefónicas con legisladores desde la Casa Rosada y desde Diputados, respectivamente. Por ahora no está en el horizonte una reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri para destrabar posiciones.
El partido de Mauricio Macri viene advirtiendo desde la semana pasada que no está dispuesto a apoyar ciegamente al Gobierno. En Balcarce 50, sin embargo, están convencidos de que terminarán acompañando o bien contribuyendo, a través de las ausencias de varios de sus soldados, a que el porcentaje de votos necesario
Se necesitan dos tercios de los presentes, que en el caso de la votación del veto a la ley de recomposición jubilatoria representaban 87 votos. Esta vez, el oficialismo aspira a tener que reunir menos voluntades en un cuerpo que, esperan, quede diezmado por los faltazos de legisladores amarillos. Se muestran esperanzados de que pueden conseguir el número porque, nuevamente, descuentan que el PRO les jugará a favor. “No tienen forma de no acompañar, tienen que responderle a su electorado”, dicen. Sin embargo, admiten que están apretados.
Por el contrario, los aliados de PRO se levantan el precio y deslizan que, esta vez, el escenario del Gobierno es distinto, porque la imagen y la confianza sobre el Presidente empezó a bajar. Además, creen que la situación es aún más delicada que con las recomposición de haberes jubilatorios porque el tema de la universidad pública es transversal y ampliamente aceptado por la sociedad. En la Casa Rosada sostienen lo contrario: “Este tema es muy de microclima porteñocéntrico palermitano”, dijo un funcionario que participa en las negociaciones.
Desde hace días que, por lo bajo, muy cerca del Presidente deslizan que no darán el brazo a torcer en caso de que el Congreso ratifique la ley de financiamiento para la educación superior que se aprobó hace dos semanas. “Hay más opciones después”, dijo un referente del círculo del primer mandatario al vislumbrar las presiones de PRO. Hoy, el vocero Adorni hizo pública esa mirada ante una consulta de un periodista en conferencia de prensa: “No lo descartamos”, dijo.
Antes, había explicado largamente por qué creía que la ley que prevé mecanismos para el otorgamiento de aumentos mes a mesa, sancionada por el Congreso, incumple la norma de Administración Financiera número 24.156 que, según citó, “en el artículo 26 exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. “O sea básicamente, la pregunta es de dónde se saca el dinero”, resumió Adorni frente a su micrófono en la sala de conferencias.