La Justicia de Estados Unidos, a través de la jueza Loretta Preska, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, como parte del pago de una indemnización de US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.
La decisión, que intensifica un litigio iniciado hace más de una década, generó una fuerte reacción en los mercados y reavivó las negociaciones entre el Gobierno argentino y los demandantes.El fallo, emitido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se basa en el incumplimiento del estatuto de YPF, que exigía una oferta pública de adquisición para todos los accionistas tras la estatización del 51% de las acciones en poder de Repsol durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Burford Capital, un fondo especializado en financiar litigios, adquirió los derechos de la demanda tras la quiebra de las empresas Petersen Energía, propiedad de la familia Eskenazi, y junto con Eton Park, que poseía un 3,04% de YPF, llevaron el caso a los tribunales estadounidenses.
La orden judicial, que establece un plazo de 14 días para la entrega de las acciones, impactó de inmediato en los mercados. Las acciones de YPF cayeron un 5,6% en Wall Street, aunque luego recuperaron un 0,5%, mientras que el índice S&P Merval en Buenos Aires avanzó un 1,5%. Por su parte, los títulos de Burford Capital se dispararon un 22% en la Bolsa de Nueva York, reflejando el optimismo de los inversores por el fallo favorable.
YPF, en un comunicado dirigido a sus inversores, aclaró que no es parte directa del litigio y que cualquier decisión sobre la transferencia de acciones corresponde al Estado argentino. La compañía enfatizó que la operación diaria no se ve afectada, pero el riesgo patrimonial y financiero genera incertidumbre, especialmente por el valor estratégico de YPF en Vaca Muerta. El gobierno de Javier Milei anunció que apelará la decisión, aunque expertos advierten que la falta de garantías presentadas podría complicar la estrategia legal.
Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que Burford Capital está dispuesto a explorar acuerdos, incluyendo la aceptación de bonos soberanos argentinos o plazos extendidos para el pago. Sin embargo, la transferencia de las acciones requiere la aprobación del Congreso argentino con una mayoría de dos tercios, lo que añade un obstáculo político a la resolución del caso. La jueza Preska sugirió que el Gobierno podría cambiar la legislación o negociar un acuerdo alternativo para cumplir con la sentencia.
El litigio, que se remonta a la expropiación liderada por Axel Kicillof en 2012, ha reavivado tensiones políticas. Milei apuntó contra el gobernador bonaerense, responsabilizándolo por las consecuencias del fallo. Mientras tanto, los demandantes, liderados por Burford, un fondo conocido por su historial en juicios contra el Estado argentino, como el caso de Aerolíneas Argentinas, buscan acelerar un acuerdo que cierre una disputa de más de diez años.