El Gobierno resolvió desde este lunes llevar a cero las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos. La medida tendrá vigencia hasta el 31 de octubre o hasta que el sector alcance los USD 7.000 millones en ventas externas, lo que ocurra primero.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, apunta a que los exportadores liquiden divisas con mayor rapidez, en un escenario de fuerte presión cambiaria y con el Banco Central necesitado de sumar reservas.
La norma establece que cultivos clave como soja, maíz y trigo, junto con sus derivados, quedarán transitoriamente exceptuados de derechos de exportación. A cambio, las empresas deberán liquidar al menos el 90% de las divisas dentro de los tres días hábiles posteriores a la presentación de la DJVE. En la Casa Rosada explican que la intención es sumar oxígeno en las arcas del Central antes de las elecciones de octubre.
Respuesta del campo y análisis del mercado
En el sector agropecuario la reacción fue medida. La Confederación de Asociaciones Rurales (CRA) habló de un “avance” pero insistió en que el problema de fondo es la falta de previsibilidad y reclamó señales de largo plazo.
En el mercado, las primeras estimaciones apuntan a que podrían ingresar entre USD 1.200 y USD 1.500 millones extra gracias a esta ventana, aunque la clave estará en la decisión de los productores: si vender ahora o seguir reteniendo granos en busca de mejores precios o un eventual cambio en el tipo de cambio.
Desde la oposición, referentes como Juan Schiaretti, y los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, criticaron el carácter transitorio de la medida y reclamaron la eliminación definitiva de las retenciones. Algunos dirigentes, además, advirtieron que el anuncio puede tener un tinte electoralista, en línea con la necesidad de mostrar ingreso de dólares antes de los comicios.
El telón de fondo económico
El anuncio llega en una semana en la que el dólar mostró una leve baja y los activos argentinos recuperaron terreno, aunque todavía sin señales de estabilidad duradera. El límite de USD 7.000 millones y el plazo de poco más de un mes plantean dudas sobre la sostenibilidad del alivio fiscal y sobre qué ocurrirá en la etapa post electoral.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la medida no altera el equilibrio de las cuentas públicas y recordó que forma parte de un esquema más amplio, que incluyó la reducción de retenciones a la soja del 33% al 26% en enero.
El agro, que explica cerca del 60% de las exportaciones del país, espera que esta movida pueda convertirse en el inicio de una discusión más profunda. Por ahora, la atención está puesta en la velocidad con que los productores se sumen a la liquidación y en los próximos pasos que defina el Gobierno en un tramo político y económico decisivo.