La Cámara Federal debe resolver si Capital Humano tiene razón -o no- sobre los argumentos planteados en contra de la decisión del juez Sebastián Casanello cuando ordenó la inmediata distribución de alimentos que estaban próximos a vencerse. El fiscal de dicha instancia, José Luis Agüero Iturbe, se pronunció sobre el caso y dijo que el ministerio de Sandra Pettovello se equivoca al decir que son “políticas de gobierno no justiciable”.

La discusión llegó ante la Sala II de la Cámara Federal de apelaciones después de que Capital Humano se opusiera a la medida judicial que la semana pasada estipuló un plazo de 72 horas -que vencieron el viernes-, para que se presente un plan de inmediata distribución de los alimentos almacenados en un galpón perteneciente al ministerio.

No sólo la Subsecretaría Legal se opuso a dar cumplimiento a lo resuelto por Casanello, sino que lo acusó de “entrometerse”, “violar la división de poderes“, señaló que la distribución de alimentos corresponde a una “una cuestión política no justiciable” y que la orden que impartió el juzgado “atenta contra las competencias del Ministerio”.

Pero el fiscal Agüero Iturbe rechazó esos argumentos. “En este caso no se está invadiendo ninguna esfera de reserva que importe quebrantar la división de poderes, derivación lógica del inveterado principio constitucional referido a la forma republicana de gobierno”, expresó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Agüero Iturbe indicó que acusar al magistrado de violar la división de poderes con su resolución, es ir “más lejos de lo que en realidad acontece” y se refirió al argumento central de la apelación: “Bajo el mote de cuestión política no justiciable se trasluce una discrepancia de criterio con la decisión del caso”.

En primer término el fiscal ante la Cámara consideró que la expresión vertida en la apelación es demasiado amplia y entendió que Casanello “no se está atribuyendo facultades” propias del Ministerio de Capital Humano. “No se alza el juez en contra del sistema normativo. Es inexistente la invocación de competencias y en consecuencia de este agravio”, sostuvo al rechazar lor argumentos del ministerio que dirige Pettovello.

En la resolución que apeló Capital Humano, el juez había pedido que en el plazo de tres días se presentase un esquema de distribución de unas 5.000 toneladas de alimentos. La decisión -continuó señalando el fiscal ahora- “sólo se limita a requerir información y pedir que se elabore un plan de entrega conforme a los parámetros que establezca el Ministerio, para la entrega de alimentos que ha declarado tener”.

Con ese criterio manifestado, el representante del Ministerio Público Fiscal, dijo que esa acción no permite sostener la queja respecto a que el juez “haya delineado una política pública, aún cuando dicha política podría ser sometida a consideración judicial”. El doctor Casanello -continuó expresando el fiscal- “con su proceder, se mantuvo dentro de las facultades jurisdiccionales”.

“Sostener que la distribución de alimentos es una cuestión sometida a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia también es debatible”, profundizó Agüero Iturbe. “Sin embargo lo que aquí pone en tela de juicio la recurrente es que la distribución o no de alimentos y el tiempo para hacerlo es de resorte exclusivo de esa cartera ministerial. De nuevo, en la medida cautelar, y en lo que aquí aparece como cuestionable, se dispuso que la distribución de alimentos cuya tenencia fue reconocida se formule conforme a un plan que debe instrumentar el gobierno“.

Este martes comenzó la distribución de los alimentos que estaban próximos a vencerse, como más de 300 kilos de leche. El plan de entrega demandará dos semanas.

En tanto, resta conocer el criterio que adoptará la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, sobre el accionar del magistrado.

“Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo… Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esta es para los fans”, dijo Murphy en un comunicado.

“Cuando dirigí Peaky Blinders por primera vez hace más de 10 años, no sabíamos en qué se convertiría la serie, pero sí sabíamos que había algo en la alquimia del elenco y la escritura que parecía explosivo. Peaky siempre ha sido una historia sobre la familia, por lo que es increíblemente emocionante reunirme con Steve y Cillian para llevar la película a audiencias de todo el mundo en Netflix”, añadió Harper.

La continuación de la saga, ambientada en las calles sin ley de Birmingham en el siglo XX, ha sido escrita por el creador de la serie, Steven Knight, quien coproducirá junto a Murphy, Caryn Mandabach y Guy Heeley. Los productores ejecutivos incluyen a Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren y David Mason.

“Estoy realmente emocionado de que esta película esté a punto de realizarse”, dijo Knight. “Será un capítulo explosivo en la historia de Peaky Blinders. No hay restricciones, será un completo Peaky Blinders en guerra”.

Los detalles de la trama y el reparto adicional permanecen en secreto. La película comenzará a producirse a finales de este año y se realizará en asociación con BBC Film.

Cuando el streaming no era lo que llegaría a ser hoy, Peaky Blinders era una de las series, de los caballitos de batalla con que Netflix se posicionaba bien arriba. Junto a House of Cards, Breaking Bad y, en menor medida, Ozark, mucho antes de que Eleven convulsionara con Stranger Things y estrenara su primer episodio, la historia de los gángsters de Birmingham ya atraía a millones de espectadores.

Todavía hay tiempo para que los que no vieron las seis temporadas se pongan a tiro -la expresión difícilmente pueda ser más feliz-. Son seis episodios por temporada, y duran alrededor de una hora cada uno.

Para quienes no vieron más que una foto de la serie, los Peaky Blinders fueron una banda de gángsters en Birmingham, que realmente existió.

Famosa pandilla juvenil, urbana y criminal de Birmingham, pero durante la Primera Guerra Mundial. La serie fantasea con un período extendido, en el que igualmente vestían a medida, con corbatas y sobretodos largos con solapas -y amplios, para esconder armas cortas o ametralladoras-, chalecos con botones, pañuelos de seda, botas de cuero negras y gorras con viseras.

Es que el nombre Peaky Blinders tendría su origen en las hojas de navaja que colocaban en el borde de sus gorras.

El creador Steven Knight fabuló más de la cuenta, creó a los Shelby y puso al frente de cada temporada a la familia como núcleo de unión. Que tienen desavenencias, y también compañeros fieles -y algunos no tanto-, y adversarios que se fueron renovando, temporada tras temporada.

Se trata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyo objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales y prepagas por tratamientos complejos y de alto costo. Todas aportan a ese fondo, pero a partir del decreto en cuestión la retención para las prepagas había aumentado del 15 al 20 por ciento, y ya no sólo sobre los aportes y contribuciones del afiliado, sino sobre el valor total de la cuota. Las empresas pusieron el grito en el cielo en diciembre y aquello fue el embrión de una polémica que luego creció y se ramificó.

Para recordar, el artículo 284 del decreto 70, en su artículo 19 bis, dice que “cuando las entidades reciban aportes adicionales a los de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de esta Ley, deberán depositar el veinte (20 %) al Fondo Solidario de Redistribución”. Ese texto será desde ahora apenas material de archivo y consulta para cuando alguien quiera revisar la historia de esta crisis.

En adelante, el monto del aporte empresarial volverá a ser como era antes del decreto. Esto es, del 15 por ciento y calculado sólo sobre la contribución de cada afiliado. Desde el Gobierno, según dijeron, no lo consideran una concesión a las prepagas, sino “el trabajo para la aplicabilidad del decreto 70/2023 con el objetivo de darles libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas”.

Según explicaron a Clarín fuentes de la SSS, a raíz de la nueva imposición habían sido muy pocas las prepagas inscriptas en un registro habilitado para que los afiliados que así lo deseen puedan derivar sus aportes directamente a la cobertura privada, sin necesidad de triangular con lo que llaman “sellos de goma”, es decir, firmas que se quedan con un porcentaje sin ofrecer algo a cambio. La falta de quórum en ese registro derivó en un tire y afloje cuyo desenlace está a la vista.

Esta nueva reglamentación iguala los aportes que realizan los agentes de la salud al Fondo Solidario de Redistribución. “Los cambios permitirán que las empresas de medicina prepaga aceleren los procesos de su inscripción y así ponerle fin de una vez y para siempre a las famosas ‘intermediaciones’, esas cajas negras que atentan contra la libertad de los beneficiarios y la equidad del sistema”, dijeron en la SSS.

El Fondo Solidario de Redistribución, en teoría, se utiliza para los tratamientos y coberturas de drogas de mayor costo para el sistema. Aunque en los últimos años ese dinero fue absorbido en gran medida por el gasto en discapacidad. Según datos de la SSS, 52 mil millones de pesos de los 70 mil millones que manejó el Fondo en abril fueron destinados a ese rubro. Por otro lado, desde el sector de la medicina privada se cuestiona que “el Fondo siempre se manejó de forma política y discrecional”.

En ese sentido, si bien la reglamentación de esta parte del decreto vuelve a poner las cosas como estaban antes de que Javier Milei fuera Presidente, no resuelve el problema de base, que es la manera en que funciona esa caja. Una discusión que forma parte de un problema más complejo y que supone volver a discutir las prioridades de un sistema de salud empobrecido.

La reducción del aporte de las prepagas al FSR parece ser un nuevo mojón en la senda de un potencial acercamiento entre el Gobierno y las prepagas. En la audiencia judicial del 27 de mayo pasado ya había existido un guiño en ese sentido, cuando la SSS aceptó que las empresas devolvieran a los afiliados lo cobrado por encima de la inflación mediante un plan más cómodo que el que preveía la aspiración oficial original.

Ese beneficio se tradujo en que la cantidad de cuotas para devolver el excedente pasara de las 7 de la propuesta inicial a 12; que la tasa de actualización de la deuda se rigiera por el interés de plazo fijo del Banco Nación en lugar de por el IPC; y que a partir de julio las prepagas tuvieran otra vez la libertad de aumentar los precios sin un tope reglado.

Para que el último punto sea aplicable en el caso de siete de las prepagas más grandes del país (OSDE, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medica y Omint), la Secretaría de Industria y Comercio debió dar un paso clave: anular la cautelar dictada el 17 de abril, que ordenaba que hasta octubre las cuotas aumentaran por IPC. Eso -pudo confirmar Clarín– sucedió finalmente este lunes, para que el cambio rija a partir de julio. Eso, se aclaró, no afectará la investigación por cartelización contra esas empresas, que lleva adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

La baja de la cautelar generó otra polémica. Hernán Reyes, uno de los legisladores de la Coalición Cívica que accionó contra las prepagas para que dicha medida tutelar se dictara, criticó la decisión: “La CNDC demuestra que no tiene peso como órgano de control y subordina la autonomía de un proceso independiente a un acuerdo político”, en alusión al acta firmada entre las prepagas y el Gobierno en la Justicia. Además, se preguntó: “¿Qué pasará con los precios de las cuotas a partir de julio? ¿Quién garantiza que no vuelva a pasar lo mismo que ya ocurrió en enero?”.

En los últimos años, la serie “El cuento de la criada”, inspirada en el libro de la enorme escritora Margaret Atwood, fue un boom de varias temporadas que finalizan en el 2025. En el relato, Estados Unidos se ha convertido en un lugar en el que muchas mujeres perdieron la fertilidad y esto genera un patriarcado extremo que incluye violaciones y asesinatos.

Esta es una de las novelas distópicas más famosas de la historia. Son textos que representan un mundo o una sociedad en el que una variable modificó el curso de las cosas, generando algo contrario a una utopía. Cómo son estas novelas y cuáles son las más famosas y conocidas.

Esa variable que cambió el curso de las cosas en este género literario puede ser como en el caso de Atwood, la infertilidad. O bien, un gobierno autoritario, una distorsión de los medios tecnológicos, o cualquier proceso de deshumanización.

Aunque son relatos ficcionales y con una cuota alta de irrealidad, sin dudas, al escribirlas, los autores apelan a una crítica profunda de las sociedades de su tiempo y hacen con ellas algún tipo de denuncia. En el caso de Margaret Atwood, por ejemplo, toda su obra está muy anclada a su militancia feminista y a destruir el patriarcado y la violencia contra las mujeres.

Una novela distópica, en esencia, presenta una sociedad indeseable o aterradora, a menudo ambientada en un futuro en el que las tendencias sociales, políticas o tecnológicas que sí se viven en la actualidad llegaron a malos extremos.

Además de la tan famosa novela de Atwood, hay otros ejemplos muy interesantes de este tipo de relatos.

“Fahrenheit 451” (1953) fue escrita por Ray Bradbury. En esta distopía, el autor explora un futuro donde los libros están prohibidos y unos personajes llamados “bomberos” queman cualquier material impreso que encuentran. Se convirtió en un símbolo contra la censura y a favor de la importancia de la literatura y la educación en las sociedades.

George Orwell fue otro buen representante de esta literatura. Su novela “1984” (1949) transcurre en un futuro en constante vigilancia por el “Gran Hermano”, un gobierno totalitario que controla cada uno de los movimientos de los ciudadanos y castiga a quienes delinquen hasta con el pensamiento. El actual reality televisivo famoso en todo el mundo toma el nombre de este libro de los años 40.

Pero el real visionario de este género fue Aldous Huxley, nacido el 26 de julio de 1894, en Inglaterra. Ya en el año 1932 publica su obra más famosa, “Un mundo feliz”. Allí, imagina una sociedad futura híper tecnologizada y que parece ideal, donde la felicidad se logra a través de la ingeniería genética, el control mental y una droga. Ya en esa época, el escritor hace una crítica sobre el consumismo, la pérdida de la individualidad y la tecnología descontrolada.

Las denuncias fueron presentadas a título personal por Cúneo Libarona, sin invocar al Ministerio de Justicia. La causa contra Pazos recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por Javier Milei para ocupar una vacante en la Corte Suprema. En ese caso intervendrá el fiscal Ramiro González.

El expediente contra Villarruel será tramitado por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano.

“Que su ministro de Justicia me lleve a Tribunales es coartar mi libertad de opinión. Me están enjuiciando por opinar. Es un absurdo. Yo quiero hacer mi laburo”, dijo Pazos en radio 10. “Así como me siento libre en una empresa de decir lo que pienso de cualquier cosa, también quiero sentirme libre. Pido libertad, señor presidente, lo que usted nos vendió en su campaña electoral”, apuntó la periodista directamente a Milei.

“Yo no soy el enemigo, Javier Milei. Se lo digo a usted señor Presidente. Yo no soy el enemigo, señor ministro de Justicia, que acaba de perder el tiempo presentándose ante un juzgado federal para demandarme. Estoy intentando rever qué diablos dije que les incomodó. Me siento intimidada”, contó Pazos, y también se expresó en sus redes sociales. “Cúneo Libarona me acusa ante el juez Lijo y pide 6 años de prisión para mí. ¿El delito? Opinar”, posteó.

“No entiendo, no fue tan contundente el editorial para que busquen amedrentarme mediante este mecanismo. Esto va a ser un derrotero judicial y mediático. Muchos periodistas van a tener miedo”, dijo Villarruel en radio Splendid.

El periodista aseguró desconocer el contenido de la denuncia, aunque la vinculó a un comentario sobre una frase de Milei cuando comentó que “la gente va a saber lo que tenga que hacer cuando se esté muriendo de hambre”.

“En un gobierno en el que rige la palabra libertad, ejerciendo el periodismo y siendo abogado, estoy totalmente anonadado desde el punto de vista jurídico. Hace 40 años que trabajo en esto y no tengo ni una querella o denuncia por nada”, completó Villarruel.

Según testigos, el individuo, identificado como un vecino de la zona, llegó al lugar en una moto y con un bidón de combustible. Momentos después, en un estado de gran alteración, se roció con el líquido y se incendió a sí mismo.

Los policías encargados de la seguridad del edificio intentaron detener al hombre antes de que se autolesionara, pero no lo lograron. En medio del caos, uno de los agentes sufrió quemaduras leves en su chaleco al intentar reducir al hombre. El fuego fue finalmente apagado por la rápida intervención del personal de seguridad y un empleado de mantenimiento que utilizó un extintor.

El hombre fue asistido rápidamente por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado al Hospital San José, donde permanece en la unidad de terapia Intensiva con pronóstico reservado debido a las quemaduras que cubren el 50% de su cuerpo y afectan sus vías respiratorias.

El jefe departamental de Policía, Mario De Maestri, informó que se investigan los motivos detrás de este dramático suceso que se viralizó al ser captado por las cámaras de seguridad de la zona.

En la escena se observa el cuerpo del hombre totalmente envuelto en llamas mientras corre por el lugar. A su lado un grupo de policías intenta desesperado apagar las llamas, mientras se ve como las llamas afectan a uno de los agentes.

Fuentes judiciales indicaron que el individuo había llegado al lugar denunciando una persecución policial y que tenía una discapacidad. Además, se constató que el hombre enfrentaba una causa por amenazas, motivo por el cual era buscado por la Justicia. Esta denuncia habría sido el desencadenante de su temeraria acción.

El incidente se registró a las 10 de la mañana de este martes frente a la sede judicial situada en la calle Merced al 800. La Policía secuestró la moto del hombre y los bomberos esparcieron arena en el lugar para evitar nuevos focos de incendio debido al combustible derramado.

La Fiscalía abrió un expediente preliminar caratulado como “averiguación de ilícito” y está a la espera de poder tomar declaración al hombre sobre las denuncias de persecución policial que mencionó antes de prenderse fuego. Entre los restos del fuegos se encontraron papeles que se quemaron en el acto, los cuales se sospecha podrían haber sido un certificado de discapacidad o notificaciones judiciales.