La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso contra el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo Guillermo Moreno por alterar los datos de medición de la inflación del INDEC. También lo inhabilitaron por seis años para ejercer cargos públicos. Pero al ser una condena en suspenso, Moreno no quedará detenido.

El fallo alcanza además a Beatriz Paglieri, exdirectora de Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Ambos fueron condenados a la misma pena de tres años en suspenso y seis de inhabilitación por el Tribunal Oral Federal N° 2, mientras que María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia que fueron absueltas.

El fallo fue dictado por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci de la Sala II de la Cámara Federal de Casación.

Aún si esta semana se aprueba la ley de ficha limpia, Moreno no quedaría impedido de competir en las elecciones de octubre. Según explicó la diputada Silvia Lospennato, impulsora de la ley, eso se debe a que el plazo de aplicación venció el 19 de abril –porque funciona hasta antes del primer acto electoral, que en este caso fue la publicación de los padrones provisorios–.

La condena de Paglieri fue de tres años de prisión en suspenso por los delitos de destrucción e inutilización de registros públicos y abuso de poder y Moreno fue hallado autor por determinar la comisión de ese ilícito.

El fiscal ante la Casación Mario Villar insistió con que se lo condene por falsedad ideológica, argumentando que los comunicados oficiales del INDEC donde se introducían los datos falsos de inflación eran instrumentos públicos. También apeló las absoluciones de Cámpora Avellaneda y Filia, considerándolas partícipes necesarias.

Moreno, en cambio, pidió su absolución o la revisión de la pena. Argumentó que la causa estaba prescripta y que no se violó el secreto estadístico al pedir informes sobre los encuestados para establecer el índice de precios.

Los jueces Ledesma, Slokar y Yacobucci rechazaron todos los recursos de Casación, tanto los presentados por el fiscal como las defensas y dejaron firmes la condenas. Ratificaron que los informes de prensa del INDEC no son equiparables a un “instrumento público” para condenar por el delito de falsedad ideológica. Dijeron además que la causa no está prescripta y que no se probó que Moreno y Palglieri incidieron en el Indice de Precios al Consumidor.

Con respecto de Paglieri, se confirmó que se acreditó el abuso funcional al ordenar cambios metodológicos para el cálculo del índice de inflación, sin tener facultades para ello y de manera contraria la metodología implementada hasta ese momento.

También ratificaron la calificación de destrucción de registros públicos, al entender que la falta de transparencia y los cambios ordenados inutilizaron los registros informáticos.

La jueza Angela Ledesma, cuyo voto lideró el acuerdo, sostuvo al respecto que “la ‘equiparación de los informes de prensa con ”instrumento público” es, ”insostenible’”.

Por su parte, el juez Alejandro Slokar adhirió a esta conclusión, señalando que “no es dable equiparar los informes de prensa en cuestión con el elemento normativo del tipo ‘instrumento público’, previsto en el tipo de injusto antes referido”.

En cuanto a las condenas de Moreno y Paglieri, las defensas no lograron revertirlas. La Cámara validó la valoración del tribunal que encontró probado que Moreno, ante la resistencia para obtener información protegida, “asumió el rol de inductor de las conductas típicas, antijurídicas y culpables de Beatriz Paglieri”. La instó a realizar cambios para “dibujar” el Indices de Precios al Consumidor,

Sobre la actuación de Paglieri, la Cámara confirmó que hubo abuso de autoridad al ordenar cambios metodológicos como la implementación de “topes” para limitar variaciones de precios sin tener facultad legal para ello y en contra de la metodología vigente.

También ratificó la condena por destrucción de registros públicos al entender que las modificaciones introducidas sin transparencia y el uso de fuentes no validadas inutilizaron los registros informáticos originales para compararlos con otros.

El juez Guillermo Yacobucci resaltó las implicancias institucionales de estos delitos. Dijo que estas “conductas son propias de aquellos sujetos que forman parte de la estructura funcional de los poderes estatales en el sistema democrático y que afectan el normal transparente y honesto desenvolvimiento de la administración pública”.

El magistrado dijo que “su infracción se exhibe, además, integrando una matriz de corrupción en sus relaciones con actores de la sociedad civil”. “La falta de transparencia en los actos de los gobernantes y la ausencia de fundamentación de sus decisiones repercuten en la sociedad generando un velo de desconfianza generalizada que lesiona la legitimidad de las instituciones democráticas”, escribió.

Yacobucci sostuvo que la gestión del Estado, en cuanto al INDEC “demandaba que la toma de decisiones de sus funcionarios fuera adoptada con rigurosidad a la luz de los principios de transparencia y legalidad” y en cambio los datos fueron falseados, lo que afectó “la confianza y la credibilidad de los ciudadanos”.

Escribió el juez: “Beatriz Paglieri no solo actuó bajo las órdenes directas de Mario Guillermo Moreno, sino que también tuvo una injerencia activa en el esquema diseñado para alterar los índices económicos del país, habiendo manipulado, desde su rol, estos datos”.

Moreno estaba acusado de, entre 2006 y 2007, instar a los funcionarios del INDEC a que le suministren datos protegidos por el secreto estadístico para que cambien la metodología en que se venía elaborando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Fue para que diera un índice de inflación de acuerdo con la expectativas del gobierno de Néstor Kirchner.

En el juicio se probó la adulteración de los Índices de Precios al Consumidor de Capital Federal y Gran Buenos Aires entre enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, y del IPC de la Provincia de Mendoza comprendido en el Índice Nacional de Precios al Consumo de agosto de 2007.

Esos datos fueron comunicados en informes de prensa oficiales del INDEC. “Al manipular fraudulentamente los cálculos y el resultado final del Índice IPC se alteró la base de datos original del INDEC y quedaron inutilizados los registros oficiales del sistema estadístico nacional”, afirmaron los jueces.

La minera Vicuña, una sociedad formada en partes iguales por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, anunció que sus proyectos Filo del Sol y Josemaría concentran más de 12 millones de toneladas de cobre medido, junto con decenas de millones de onzas de oro y plata. Además, indicó que esto implica que el yacimiento se encuentra entre los diez mayores del mundo.

Mediante un comunicado, la empresa informó que, de acuerdo a nuevas estimaciones, En conjunto, los depósitos contienen 12,8 millones de toneladas de cobre medido y 25,1 millones de toneladas inferidas, además de 32,2 millones de onzas de oro medido y 48,7 millones de onzas inferidas, y 659 millones de onzas de plata medidas junto con 808 millones de onzas inferidas.

Jack Lundin , presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, comentó en el citado comunicado: “Filo del Sol ha sido uno de los descubrimientos de yacimientos más significativos de los últimos 30 años y una experiencia increíble para todos los involucrados”.

Por su parte, Dave Dicaire, gerente general de Vicuña, comentó: “Con esta nueva y ampliada base de recursos, nos encontramos en una posición óptima para continuar progresando hacia el desarrollo de un distrito minero de gran potencial, que se prevé genere un impacto sustancial en las poblaciones y economías locales y nacionales”.

Filo del Sol y Josemaría se encuentran ubicados en la provincia de San Juan, pero una parte de Filo del Sol se extiende por la región chilena de Atacama. El primero de los yacimientos está en etapa de exploración, mientras que el segundo está en fase de preconstrucción.

Lunding Mining concluyó su comunicado remarcando que el “Recurso Mineral” es un hito clave y servirá de base para el informe técnico integrado que delineará un proyecto conjunto. “Este informe está previsto para completarse en el primer trimestre de 2026. Esperamos impulsar Vicuña con nuestro socio y, juntos, buscamos generar valor a largo plazo para nuestros accionistas”, concluyó.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) estableció un paro de colectivos de 24 horas para este martes 6 de mayo en reclamo por los salarios, mientras que el Gobierno, que intentó mediar entre las cámaras empresariales de transporte y un sector del gremio, no llegó a un acuerdo y calificó a la medida de fuerza como “extorsiva”.

El paro tendrá impacto parcial en la Ciudad, el conurbano y localidades del interior del país. Durante este martes se verán afectadas 300 líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de servicios en Córdoba, Misiones, Río Negro y Corrientes.

Desde el gremio buscaban que se les mejorara la oferta hecha la semana pasada, cuando les ofrecieron un aumento remunerativo de menos del 6% para febrero, marzo, abril y junio, a pagarse a partir del próximo mes. También se ofrecieron sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio.

Según informó Marcelo Pasciuto, director DOTA, su empresa no se adherirá al paro, sino que sus unidades estarán a disposición para trabajar. En esta línea, le pidió al Ministerio de Seguridad que este martes se les brinde la mayor protección posible y que todos los recorridos sean custodiados. De esta manera, prestarán servicios con normalidad las líneas 7-8-8 (ex 5)-9-20-21-23-24-25-28-31-44-50-50 (ex 6)-51-56-57-87-60-74-76-78-79-84-91-99-100-101-106-107-108-115-117-130-134-135-146-150-161-164-168-177-188 [en la Ciudad] y 263-271-283-299-370-373-384-385-388-403-405-410-429-435-503-514-520-523-570 [en Provincia].

El secretario de Tránsito del Ministerio de Infraestructura del gobierno porteño, Darío Antiñolo, informó que este martes se autorizará de manera excepcional el estacionamiento general en avenidas donde está prohibido los días hábiles de 7 a 21, aunque aclaró que no estará permitido en aquellos lugares donde la prohibición rige las 24 horas. Además, se suspenderá el cobro del estacionamiento medido durante toda la jornada.

Las líneas que no brindarán servicios serán la 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

En Corrientes, la UTA provincial informó que se adherirá al paro por 24 horas y declaró que “la medida de fuerza está totalmente ratificada”, al igual que en Misiones.

En la capital rionegrina, Viedma, estará paralizado el servicio de transporte público de pasajeros, mientras que tampoco funcionarán los colectivos de corta y media distancia. Tampoco habrá servicio de transporte en Chubut.

En cambio, trabajarán con normalidad las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires las líneas que circularán son la 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570, 740.

El Gobierno y el sindicato de colectiveros de la UTA cruzaron anoche fuertes acusaciones tras las negociaciones fallidas con las cámaras empresarias del transporte. La administración del presidente Javier Milei sostuvo que el paro decretado para este martes es “extorsivo”, mientras que el gremio que encabeza Roberto Fernández afirmó que su postura “no es caprichosa ni extorsiva”.

El duelo entre el Gobierno y la UTA se encarnó en sendos comunicados. En la Casa Rosada distribuyeron primero un texto en el que el Gobierno consideró que el paro de la Unión Tranviarios Automotor, que comenzó esta medianoche y se prolongará a lo largo de todo el martes, es “extorsivo” por “no haber recibido un aumento de sueldo del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales de gobierno”.

En línea con lo mencionado en paros anteriores, a través de un comunicado de la Secretaría de Transporte se sostuvo que, ante la negativa a esas exigencias, “el gremio resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación”. Transporte empezó esta semana su período de transición entre el saliente Franco Mogetta y su reemplazante Luis Pedrini.

“El gremio UTA rechazó el aumento ofrecido por las empresas luego de múltiples negociaciones en la Secretaría de Trabajo”, mencionó el comunicado oficial, que también detalló que “el paro afecta a las líneas de colectivo del AMBA: 103 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA, a las 31 de CABA que circulan por la ciudad y a las 102 de Provincia de Buenos Aires”.

El texto gubernamental destacó que “hay líneas de colectivo que no acatarán la medida del paro” y en esa línea mencionó a los grupos Metropol y Dota. Agregó que “a la vez que otras empresas lo están definiendo”. Y manifestaron que esperan “que más del 50% de las empresas de transporte no acate el paro”.

“Todos los días circulan en el AMBA en colectivo más de 4.5 millones de personas. Se hacen más de 9 millones de viajes en colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires”, destacaron desde el área. Desde allí mencionaron que “se fiscalizará que se cumpla con las prestaciones mínimas de servicio de colectivos el día de mañana, por tratarse el transporte público de un servicio esencial”.

El gobierno agregó que, en caso que las líneas no presten el servicio de la manera correspondiente, “se intimará a las empresas de colectivo a que presten el servicio mínimo (al 50% de capacidad) de manera regular y, asimismo, se iniciará el procedimiento previsto por la resolución 212 que establece la facultad de descontarle el día de subsidio a las líneas y evaluar la vigencia de permiso que habilita el servicio”.

“Queremos desmentir el comunicado estatal, ya que en ningún momento se pretendió un aumento salarial del 40%. La posición de UTA no es caprichosa, ni extorsiva como nos pretenden calificar, queremos un salario digno, en línea con la inflación, acorde con las actividades que desarrollamos diariamente”, dijo el sindicato, en un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional.

“No se puede tolerar llevar adelante negociaciones con ofrecimientos que impliquen una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, afectando gravemente nuestros ingresos”, sumó el comunicado de la UTA.

El sindicato de choferes de colectivos agregó: “Hemos participado de semanas de negociaciones sin ofrecimientos ni siquiera razonables por parte de las cámaras empresarias. Por ello, si el gobierno nacional pretende tener la tarifa más baja del país, sepan que no lo va a hacer con el sueldo de los trabajadores del transporte. Es justamente el mismo Estado que pretende poner límites a las paritarios”.

“Paramos para defender nuestro trabajo, por un sueldo digno, y por el sustento de nuestras familias, en contra de la precarización y del achicamiento del sistema de transporte a la que nos llevan diariamente, con menos unidades y frecuencias, y por ende, menos trabajadores. No vamos a permitir que los sueldos de los trabajadores sean la variable de ajuste de la eficiencia del sistema de transporte”, dijo la UTA en el comunicado de respuesta al Gobierno.

Dos datos inciertos aparecen en el horizonte de la Casa Rosada para los próximos días. Por un lado, el Gobierno enfrentará un nuevo paro sindical con la protesta de los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor previsto para el martes. El conflicto llegará tras el desplazamiento del secretario de Transporte y en medio de los tironeos por los subsidios y el precio del boleto. Por otro lado, se develará el enigma del índice de inflación tras el cambio del sistema cambiario, que se conocerá el 14 de mayo.

Con respecto al paro, en el Gobierno están convencidos de que la principal motivación del enojo sindical es el botón del ARCA, un sistema recientemente implementado que permite a los trabajadores desafiliarse con un simple paso digital.

“Temen perder el status quo”, argumentan en la Casa Rosada en referencia a los sindicalistas.

Anunciado por la UTA, la protesta sindical llega tras el fracaso en la negociación paritaria con las cámaras empresariales, que abarca a más de 300 líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“No les importa complicarle la vida a los laburantes, lo único que les importan son sus negocios”, es el argumento que disparan desde la sede del Poder Ejecutivo.

El miércoles pasado se llevó a cabo una audiencia crucial entre los representantes de las seis cámaras empresarias, dirigentes de la UTA y miembros de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de evitar el paro. El gremio esperaba una mejora sustancial en la propuesta salarial del 7%, pero esa expectativa no se cumplió. En el medio, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, fue reemplazado por Luis Pierrini, cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Por esas mismas horas, tal como contó LA NACION, la cúpula de ARCA les anunció a sus 19.270 trabajadores que habilitó un botón en el legajo digital de cada uno para facilitar la desafiliación de los tres sindicatos que operan en el ente recaudador. En caso de que alguno de los empleados de la Agencia decida desafiliarse, el sistema le avisará qué porcentaje de su salario volverá a su bolsillo en su próximo recibo mensual.

En el Gobierno están convencidos que los otros gremios temen que ese mecanismo sea un anticipo del futuro. Por ahora solo afectará a los afiliados a los sindicatos del ARCA: la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) y Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip).

“Si algo no tienen los gremios es sensibilidad social, solo velan por sus intereses; el botón del ARCA es el terror de los sindicatos y temen que se pueda implementar cada vez más; le tienen miedo al efecto contagio”, recalcan en la sede de Gobierno.

El discurso de la Casa Rosada frente al paro del martes repetirá los senderos conocidos, los funcionarios recalcarán que finalmente solo complican la vida de los trabajadores.

Así como la protesta de los colectiveros alterará la semana que comienza, la siguiente estará marcada por el número de la inflación de abril. En el Gobierno se muestran expectantes de que sea igual o algo menor al de marzo, que se ubicó en 3,7% y mostró un repunte que rompió con la baja que se venía registrando desde el año pasado.

“Nosotros somos optimistas en cuanto a que todos los pronósticos catastróficos que tiraron no se van a materializar”, dijo Javier Milei en una entrevista radial realizada este jueves en El Observador respecto de versiones que deslizan una cifra mayor que la del mes pasado.

“Con todo el lío que nos hicieron en marzo, si logramos repetir el número sería un gol”, dijeron a LA NACION altas fuentes del Ejecutivo. En otras palabras, una inflación en torno al 3,7% el Gobierno la celebrará como un éxito.

“Nos sacudieron mucho en marzo y eso hizo saltar los precios, por eso si volvemos a tener ese número o uno aunque sea levemente menor vamos a volver a entrar en el sendero descendiente que veníamos”, afirman en la sede del Ejecutivo.

Desde allí mismo se ilusionan con lo que afirman puede suceder a mitad de año próximo: “para mediados del año próximo, la inflación va a haber desaparecido. Y vamos a llevar más de dos años sin emitir dinero”.

 “Cero, a la gente le importa cero $Libra. Esta interpelación que me hicieron no la vio nadie, salvo algún minuto u otro que se publicó en redes, pero para el gran público, cero importancia“, subrayó Francos en una entrevista radial.

Asimismo, volvió a cargar contra la oposición al afirmar que fue “el único episodio que encontró para hacer algún planteo de carácter ético” con el objetivo de “intentar disminuir la enorme imagen que tiene el presidente entre los argentinos“.

Por otra parte, Francos, quien es uno de los funcionarios de mayor confianza de Milei, se refirió a los comicios legislativos del 2025, y fue contundente: “Estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones de octubre“.

El 29 de abril de 2025, Francos había sido interpelado por la Cámara de Diputados en una sesión convocada bajo el artículo 71 de la Constitución Nacional.

La comparecencia se centró en el escándalo de la criptomoneda $Libra, promocionada por Milei y que resultó ser una estafa que afectó a aproximadamente 40.000 inversores.

Francos defendió que el Presidente solo compartió información pública y no participó en el proyecto, a pesar de que se reveló que Milei y su entorno se reunieron previamente con los creadores de la moneda y los recibieron en la residencia presidencial.

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