El fotoperiodista argentino Pablo Grillo, de 35 años, recibió este martes el alta médica del Hospital Ramos Mejía, donde permaneció casi tres meses en terapia intensiva tras ser gravemente herido por un proyectil de gas lacrimógeno durante una represión policial el 12 de marzo de 2025. El impacto, atribuido al cabo Héctor Jesús Guerrero de Gendarmería Nacional, le causó un traumatismo craneoencefálico severo, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica, poniendo su vida en peligro.

Grillo, quien cubría una protesta de jubilados frente al Congreso, salió del hospital acompañado de su familia y fue trasladado al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca para continuar su recuperación. “Es una alegría inmensa después de tanto dolor”, expresó su padre, Fabián Grillo, destacando el trabajo del sistema de salud público

La causa judicial, a cargo de la jueza María Servini, avanza lentamente. Un informe forense reciente calificó las lesiones de Grillo como “gravísimas” y confirmó que el disparo fue directo, mientras que un video difundido el 22 de mayo muestra al gendarme Guerrero apuntando deliberadamente hacia los manifestantes. Organismos de derechos humanos, como el CELS, y la familia exigen justicia, criticando la falta de avances contra el responsable.

La recuperación de Grillo, quien recientemente superó una operación por hidrocefalia, se ha convertido en un símbolo de resistencia. Su traslado al centro de rehabilitación marca el inicio de una nueva etapa, mientras la sociedad sigue reclamando respuestas por la violencia estatal del 12 de marzo, que dejó más de 120 detenidos y numerosos heridos.

Lorenzo Musetti, número 8 del mundo, estuvo al borde de la descalificación en su partido de cuartos de final contra Frances Tiafoe en Roland Garros 2025, tras un gesto de frustración que generó controversia. Durante el segundo set, con el marcador 6-2, 4-3 a favor de Tiafoe, el italiano, visiblemente molesto, pateó una pelota que impactó accidentalmente en el pecho de una jueza de línea ubicada al fondo de la cancha Philippe-Chatrier. El incidente, que ocurrió tras una jugada en la que Musetti perdió el punto, fue considerado peligroso, pero el árbitro principal optó por sancionarlo solo con un warning (advertencia) en lugar de una descalificación.

El momento, captado por las cámaras y ampliamente comentado en redes sociales, generó reacciones divididas. Publicaciones en X, como las de @ESPNtenis y @PuntoDBreak , destacan que Musetti “se jugó la descalificación” debido a la similitud con un caso de 2020, cuando Novak Djokovic fue expulsado del US Open por un incidente similar, aunque en ese caso la pelota golpeó con mayor fuerza a una jueza, causándole dolor.

A pesar de la controversia, Musetti mantuvo la compostura y venció a Tiafoe en cuatro sets (6-2, 4-6, 7-5, 6-2) en 2 horas y 48 minutos, avanzando a su primera semifinal en Roland Garros. El italiano, quien ya había superado a Holger Rune en octavos, se enfrentará al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul el viernes 6 de junio. En su declaración post-partido, Musetti no abordó directamente el incidente, pero sí destacó la dificultad del tercer set y su capacidad para encontrar “energía extra” para cerrar el partido.

La acción de Musetti ha reavivado el debate sobre las sanciones en el tenis por conductas antideportivas, con opiniones divididas entre quienes ven el incidente como un error sin intención maliciosa y quienes creen que la regla debe aplicarse con mayor rigor. El torneo continúa bajo la cobertura de Eurosport y Tennis Channel, con la semifinal de Musetti como uno de los focos principales.

Con 82 votos a favor, 60 en contra y 6 abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes en segundo debate la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, eliminando la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio nacional. La iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca facilitar la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, en un contexto donde Ecuador registra la mayor tasa de homicidios en América Latina.

La reforma, que reduce el artículo 5 a la declaración “El Ecuador es un territorio de paz”, elimina la restricción que desde 2008 prohibía bases e instalaciones militares extranjeras. La propuesta, presentada por Noboa en octubre de 2024 mediante el Decreto Ejecutivo No. 425, recibió el respaldo mayoritario de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y aliados como el Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, la oposición, liderada por Revolución Ciudadana (RC), criticó la medida como una amenaza a la soberanía nacional, advirtiendo sobre riesgos geopolíticos y recordando los impactos negativos de la base estadounidense en Manta (1999-2009).

El proyecto ahora pasará a la Corte Constitucional para un segundo dictamen, antes de ser sometido a un referéndum en un plazo de 45 días, donde los ecuatorianos decidirán si aceptan la presencia de bases extranjeras. La asambleísta Paola Cabezas (RC) señaló: “El pueblo tendrá la última palabra en el referéndum, y confiamos en que protegerá nuestra soberanía.” Por su parte, el oficialismo defiende que la reforma no restringe derechos y fortalecerá la seguridad, citando el aumento de la violencia ligada al narcotráfico, con un 90% de los homicidios relacionados con este delito.

Publicaciones en X reflejan la polarización: mientras algunos usuarios celebran la medida como un paso contra la delincuencia, otros denuncian una “entrega de la soberanía” y cuestionan la efectividad de bases extranjeras, citando el precedente de Manta. El debate se intensifica a medida que el país se prepara para el referéndum, en un contexto electoral donde Noboa busca consolidar su liderazgo.

Con información de Reuters

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados emitió hoy dictámenes a favor de declarar la emergencia por dos años en el Hospital Garrahan, en medio de las medidas de fuerza que viene realizando el colectivo de médicos residentes del centro de salud en reclamo por salarios dignos y mejores condiciones laborales. 

El Gobierno nacional aprobó un proyecto minero para la explotación de litio en la provincia de Salta con una inversión de US$ 2.744 millones bajo la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó un paro total de actividades en Aerolíneas Argentinas para el próximo martes 10 de junio, desde las 18:00 hasta las 02:00 del miércoles 11, afectando las operaciones en los aeropuertos Jorge Newbery (Aeroparque) y Ministro Pistarini (Ezeiza). La medida, anunciada ayer, responde a un conflicto por “incumplimientos salariales” y “fallas técnicas” en la flota, en un contexto de creciente tensión entre los gremios aeronáuticos y el gobierno de Javier Milei.

Reclamos gremiales y críticas al gobierno
APLA, liderada por Pablo Biró, denunció un “contexto extremadamente crítico” en la industria aerocomercial, señalando un “prolongado retraso” en la actualización salarial, la reducción de días de vacaciones de 40 a 15, y cambios en los límites de horas de vuelo y descansos semanales. Según el sindicato, los pilotos enfrentan condiciones laborales precarizadas y la falta de un plan claro para el futuro de la compañía. También se reportaron fallas técnicas recurrentes en los aviones, que comprometen la seguridad operacional. “Las decisiones del gobierno se toman con liviandad, sin medir el impacto negativo en los trabajadores y los pasajeros”, afirmó APLA en un comunicado.

El paro se enmarca en las recientes desregulaciones del sector transporte, impulsadas por el DNU 340/2025, que permiten el uso de aeronaves extranjeras sin tripulación argentina y eliminan restricciones a la nacionalidad de directivos de aerolíneas. Estas medidas, sumadas a la limitación del derecho a huelga mediante un decreto que exige un 75% de servicio mínimo, han generado un fuerte rechazo de los gremios, incluida la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que también anunció medidas de fuerza para junio.

Respuesta de Aerolíneas y el gobierno
Aerolíneas Argentinas calificó el paro como “políticamente motivado” y aseguró que trabaja para minimizar el impacto en los pasajeros, aunque no precisó cuántos vuelos serán afectados. La empresa destacó que, por primera vez desde su renacionalización en 2008, cerró 2024 con ganancias de 270.814 millones de pesos y un resultado operativo positivo de 56,6 millones de dólares, según auditorías de KPMG. Además, anunció que no requerirá fondos estatales en 2025, un hito que fue celebrado por la alianza SkyTeam en la 81ª Asamblea General de IATA en Nueva Delhi.

Sin embargo, los gremios cuestionan estos números, argumentando que las ganancias se lograron a expensas de los trabajadores, con recortes en beneficios y falta de inversión en mantenimiento. Desde el gobierno, el Ministerio de Transporte, a cargo de Juan Ignacio García, defendió las reformas como necesarias para “modernizar” el sector y acusó a los sindicatos de “resistir el cambio para mantener privilegios”.

Impacto en los pasajeros
La huelga, que afectará principalmente vuelos domésticos e internacionales desde Aeroparque y Ezeiza, promete generar caos para miles de pasajeros en plena temporada de viajes. En mayo, Aerolíneas reportó un aumento del 60% en sus ventas durante el Hot Sale, lo que indica una alta demanda de pasajes para junio. La compañía recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos a través de su sitio web y ofreció reembolsos o reprogramaciones sin costo, aunque las alternativas son limitadas debido a la alta ocupación.

Un conflicto que se agrava
El paro del 10 de junio se suma a una serie de medidas de fuerza anunciadas por la CATT, que incluyen posibles interrupciones en trenes, colectivos y puertos, en rechazo a las desregulaciones y la limitación del derecho a huelga. La suspensión judicial del decreto que restringía las protestas no logró calmar las aguas, y los gremios advierten que el conflicto podría escalar si no hay avances en las negociaciones. “No vamos a permitir que desmantelen Aerolíneas ni los derechos de los trabajadores”, aseguró Biró.

Mientras tanto, los pasajeros se preparan para una semana de incertidumbre, con el transporte aéreo argentino al borde de una nueva crisis.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a los gremios del sector transporte, decretó el estado de alerta y movilización y anunció un plan de lucha que comenzará este mes en rechazo a las políticas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei y las restricciones al derecho a huelga. Las medidas, que podrían incluir paros sectoriales, asambleas sorpresivas y una gran movilización, fueron confirmadas tras un plenario nacional de la confederación, según informó su secretario general, Juan Carlos Schmid, y el secretario de prensa, Juan Pablo Brey, a través de un comunicado oficial.

El conflicto se centra en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que promueve la desregulación en sectores clave del transporte, como el marítimo, aéreo y terrestre, y en la reciente reglamentación que limita el derecho a huelga, medida que los gremios califican como un “plan criminal” liderado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger. “Estas políticas precarizan las condiciones laborales, fomentan una carrera hacia la baja en salarios y atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores”, denunció Schmid en una conferencia de prensa.

La CATT, que representa a sindicatos de aeronavegantes, camioneros, ferroviarios y portuarios, entre otros, señaló que las desregulaciones amenazan con desmantelar las estructuras laborales del sector, afectando a miles de trabajadores y comprometiendo la seguridad y eficiencia del transporte público y privado. “No vamos a permitir que se destruya el trabajo argentino ni que se vulnere nuestro derecho a la protesta”, afirmó Brey, quien destacó que el plan de acción se definirá en detalle la próxima semana, pero podría incluir interrupciones escalonadas en servicios clave.

El anuncio llega en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno y los gremios, tras la suspensión judicial de un decreto que restringía el derecho a huelga y la implementación de medidas como el sistema biométrico para controlar el presentismo, percibido como un intento de disciplinar a los trabajadores. Además, la CATT criticó la falta de diálogo con el Ministerio de Transporte, que no ha convocado a mesas de negociación para abordar las demandas del sector.

La movilización de los trabajadores del transporte podría tener un impacto significativo en la vida cotidiana de millones de argentinos, especialmente en áreas urbanas como Buenos Aires, donde el transporte público es vital. En 2024, una medida similar de la CATT paralizó trenes, aviones y puertos durante un día, afectando a miles de pasajeros y generando pérdidas millonarias en el comercio exterior.

Mientras el gobierno insiste en que las reformas son necesarias para “modernizar” el sector y reducir el déficit fiscal, los gremios advierten que no darán marcha atrás. “Estamos en estado de alerta permanente. Si el gobierno no revierte estas medidas, el conflicto se profundizará”, concluyó Schmid.

El Hospital Garrahan, emblema de la pediatría de alta complejidad en Argentina y América Latina, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Los trabajadores de la salud, incluyendo médicos residentes, enfermeros, técnicos y personal de planta, se reunirán hoy a las 13 horas en una asamblea general para definir los próximos pasos en su lucha por mejoras salariales y condiciones laborales dignas. La medida responde a la persistente falta de propuestas concretas por parte del Ministerio de Salud y al reciente anuncio unilateral de un aumento que, según los gremios, no resuelve el conflicto y excluye al 90% del personal.

El conflicto, que lleva semanas escalando, se centra en la drástica caída del poder adquisitivo de los salarios, que han perdido un 35,5% de su valor real desde noviembre de 2023, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los residentes, quienes trabajan hasta 70 horas semanales con guardias de 24 horas, perciben sueldos de aproximadamente $797.000, equivalentes a $2.846 por hora, lo que los sitúa por debajo de la canasta básica familiar, estimada en $1.500.000. Por su parte, un enfermero con 10 años de antigüedad no supera los $900.000, y un médico con dos especialidades y más de 20 años de experiencia apenas alcanza $1.800.000.

Un aumento insuficiente y cuestionado

El pasado domingo, el Ministerio de Salud anunció un aumento del 64% para los médicos residentes, elevando sus haberes a $1.300.000 a partir del 1 de julio. Sin embargo, la medida fue recibida con rechazo por los trabajadores, quienes denunciaron que no hubo una propuesta formal en las mesas de negociación y que el incremento excluye al 90% del personal de planta, incluyendo médicos, enfermeros y técnicos. “El anuncio no es una solución, agrava el conflicto. No podemos funcionar solo con residentes. El reclamo es por todos los trabajadores del hospital”, afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan.

Los trabajadores también cuestionaron la forma en que se comunicó el aumento, a través de un mensaje en las redes sociales del hospital, sin firma ni canal oficial. “Nuestro empleador es el Ministerio de Salud, no el hospital. No recibimos ninguna oferta concreta”, señaló Santana, residente de pediatría, en declaraciones radiales. La asamblea de hoy evaluará este anuncio y definirá si se intensifican las medidas de fuerza, que podrían incluir nuevos paros y movilizaciones, como la marcha de velas prevista para esta noche en el Obelisco.

Fuga de profesionales y riesgo para los pacientes

La crisis salarial ha desencadenado una “sangría alarmante” de profesionales, con más de 200 renuncias en los últimos meses, según la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). “Hemos perdido trabajadores de altísima calificación, y no están siendo reemplazados adecuadamente. Esto compromete la atención de miles de niños y niñas”, advirtió Norma Lezana, secretaria general de APyT. El Garrahan realiza 600.000 consultas ambulatorias, 100 trasplantes y 10.000 cirugías al año, pero la falta de personal y recursos amenaza su capacidad operativa.

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes instó al Ministerio de Salud a resolver urgentemente el deterioro salarial y edilicio, que pone en riesgo la atención de más de 1.700 menores. Los trabajadores denuncian además la falta de insumos y la sobrecarga laboral, con jornadas extenuantes que afectan su calidad de vida y la atención a los pacientes.

El Gobierno insiste en un “plan de eficiencia”

Desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, se relativiza el conflicto, atribuyéndolo a un “desorden administrativo” y a la resistencia de gremios que, según la viceministra Cecilia Loccisano, “no quieren perder privilegios”. El Gobierno asegura que el presupuesto del Garrahan creció un 244% en 2024, pasando de $48.000 millones a $165.000 millones, y que no hay problemas de financiamiento, sino de gestión. Entre las medidas propuestas, se destaca la implementación de un sistema biométrico para controlar el presentismo y un posible “plus por productividad”, aunque los criterios para este incentivo aún no están definidos.

Sin embargo, los trabajadores refutan estas afirmaciones. Según el Anuario 2024 del hospital, el 68% del personal es asistencial (3.190 trabajadores, incluyendo médicos, residentes y enfermeros), frente a 957 administrativos, desmintiendo la narrativa oficial de un exceso de personal no médico. “Si el Gobierno cree que hay ñoquis, que lo demuestre. Mientras tanto, el hospital se hunde por la falta de inversión en salarios y condiciones laborales”, replicó Lipcovich.

Una asamblea decisiva

La asamblea de hoy, convocada en el Aula Magna del hospital, reunirá a residentes, personal de planta y representantes gremiales para evaluar el anuncio del Ministerio y definir un plan de acción. “Estamos juntos, sin distinción de tarea u oficio. La salud pública está en juego, y no vamos a ceder hasta tener una solución integral”, afirmó un vocero de ATE. Los trabajadores también planean interpelar a legisladores en una audiencia pública el viernes 6 de junio en el Congreso, exigiendo una ley que garantice el financiamiento estable del Garrahan.

Mientras el conflicto se profundiza, la sociedad observa con preocupación el futuro de uno de los pilares de la salud pública en Argentina. La resolución de esta crisis no solo definirá las condiciones laborales de miles de profesionales, sino también el derecho a la salud de los niños y niñas que dependen de este hospital de referencia