Un centenar de organizaciones se movilizan este jueves a la Plaza de Mayo en una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública. En el #27F, jornada que se combinará con otros reclamos, denunciarán que el sistema sanitario está “en emergencia”, con problemas de acceso a la atención o la cobertura de tratamientos asociados con el proceso de descentralización y desregulación que impulsa el Gobierno.
La convocatoria es para las 16 frente a la Casa Rosada, pero a partir de las 15 se concentran algunas agrupaciones en los alrededores de la cartera sanitaria nacional, avenidas 9 de Julio y Belgrano, con “los despedidos del Ministerio de Salud y trabajadores de los hospitales Posadas, Laura Bonaparte y Sommer”, informaron los organizadores, entre los que están sectores sindicales y políticos más combativos.
Entre los que no adhirieron está la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) –en mesa de diálogo con Salud por la no renovación de contratos en hospitales nacionales– y la Confederación Médica de la República Argentina (Comra), según relevó al momento este medio. En tanto, Cicop-Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa)-CTA y juntas internas en hospitales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ATE Ministerio de Salud, entre otros. En las provincias, las convocatorias serán a distintas horas.
“Esta movilización tiene como objetivo principal denunciar el vaciamiento del sistema de salud público, los despidos de cientos de trabajadores, la precarización laboral del sector y el desmantelamiento de programas esenciales, dejando a miles de personas sin tratamientos que ponen en riesgo su vida, y propiciando la propagación y aumento de enfermedades”, difundió hoy el Frente en Defensa de la Salud Pública, que nuclea a un sector de las agrupaciones convocantes. “También denuncia la creciente descentralización del sistema de salud (con su consecuente impacto presupuestario), el deterioro del Plan Nacional de Vacunación y la escasez de insumos y medicamentos.” En el Ministerio de Salud reiteraron en las dos últimas semanas, ante diversos reclamos, que el Calendario Nacional de Vacunación está garantizado, como así también los tratamientos para pacientes oncológicos y otras enfermedades con cobertura asegurada por ley. Lo que se mantiene bajo es el nivel de cobertura con las vacunas de calendario, tendencia que se profundizó durante la pandemia de Covid y eleva el riesgo de brotes, como ocurre con el sarampión.
A través de la red X, Mario Lugones, ministro de Salud, escribió ayer: “En política no todo vale. Tenemos claro que siempre que impulsamos cambios en el sistema de salud y tocamos intereses puede llegar a haber una reacción de quienes pierden privilegios, pero creemos que hay límites y que no todo vale. Con la salud de los argentinos no se puede ni se debe mentir para hacer política. Desde que iniciamos la gestión, desde el ministerio nos propusimos reordenar un sistema que estaba en decadencia. Después de muchísimos años de parches y emergencias, no había margen para seguir haciendo lo mismo. Se necesitaba reordenar por completo el sistema”.
“Consideramos que el sistema de salud, en los distintos subsectores que lo integran, está desfinanciado, las condiciones de trabajo son precarias y el honorario de los médicos está deteriorado. No es un tema de ahora, este es el mismo reclamo gremial que venimos haciendo desde hace tiempo”, evaluó Jorge Iapichino, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra). En la previa a una marcha federal, el médico agregó ante la consulta de LA NACIÓN: “No queremos mezclarlo con cuestiones políticas, pero sí nos quejamos de la falta de diálogo”. En la Comra no había decisión de adherir a la protesta.
A la par de dar con sistemas de compras y otorgamiento de registros o beneficios de manera irregular, como en la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno no solo anunció que la Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud (OMS), –asunto que se analizará en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo próximo en Ginebra, Suiza–, sino, también, intensificó las medidas para reducir la estructura ministerial y reclamar a las provincias que “asuman su rol” en las compras de insumos, equipos y medicamentos para “garantizar tratamientos de manera complementaria con el Ministerio de Salud de la Nación”, reiteran en la cartera a cargo de Lugones.
En la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), se habló con los ministros provinciales sobre la posibilidad de adquirir esos productos a menor costo a través de uno de los fondos regionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por una ampliación del acuerdo entre el Ministerio de Salud de la Nación y ese organismo, como ya la habían firmado Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza. Se sumaron en ese encuentro Chaco, Tucumán y San Juan.
La semana pasada, funcionarios provinciales le reclamaron al titular del Incucai, Carlos Soratti, durante el encuentro de la Comisión Federal de Trasplante (Cofetra) por el faltante de algunos inmunosupresores a través del Programa Nacional de Seguimiento Postrasplante (PNSP). Esta semana, en tanto, arrancó con denuncias cruzadas entre Salud y una médica del Instituto Nacional del Cáncer (INC) por el funcionamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, semanas después de la renuncia de la directora del instituto.
En las reuniones de Cofesa, no faltan los planteos de los ministros provinciales a su par nacional por los fondos que acompañen la descentralización de funciones o centros de salud que dependen de la Nación. Ya en noviembre pasado respondían en Salud que el único de los hospitales nacionales que retendría sería el Garrahan “en principio” y los restantes –ubicados en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz– seguirán perteneciendo a la jurisdicción nacional, pero con una administración privada frente al rechazo de esos distritos de incorporar esos centros sin el presupuesto que demanda su funcionamiento.
La desregulación de obras sociales y prepagas también tuvo traspiés, como viene informando LA NACION, y no solo por el aumento de las cuotas. Algunas medidas, en el día a día, terminan por generar desconcierto o preocupación en los pacientes, que son los que tienen que hacer frente a respuestas ambiguas de sus coberturas y aun cuando la Superintendencia de Servicios de Salud publica que prestadores y financiadores “no deben generar ningún tipo de interrupción en los tratamientos” ni en los servicios de atención.
La más reciente es la de la eliminación de intermediarios en la derivación de los aportes. Ayer, G. M. (este medio se reserva el nombre de la paciente) debió exigir que la obra social a través de la que tenía contratada la prepaga y a esta que le respondieran por escrito que no les correspondía seguir cubriéndole los medicamentos para la artritis reumatoidea que necesita. Hacía tres semanas que ambos se derivaban entre sí una respuesta. Recién ayer, la prepaga –que sigue recibiendo los aportes– reconoció que debía asegurarle tratamiento a su afiliada.