La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina resolvió que el presidente Javier Milei no violó la Ley de Ética Pública al promocionar la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta personal en redes sociales, según una resolución fechada el 5 de junio. La decisión ha generado debate entre políticos y juristas, quienes analizan las implicancias éticas y legales de la conducta del mandatario.
La OA, dependiente del Ministerio de Justicia, determinó que “la utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos quienes ocupan la más alta jerarquía del Estado, no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública en los términos establecidos por la Ley de Ética Pública”. En este sentido, se argumentó que el mensaje de Milei, publicado el 14 de febrero, no constituyó un acto oficial ni involucró recursos públicos, al provenir de una cuenta personal.
El diputado socialista Esteban Paulón, quien en febrero anunció un pedido de juicio político contra Milei, cuestionó la resolución: “La distinción entre lo personal y lo oficial resulta difusa cuando se trata del presidente de la Nación. Su influencia, independientemente del medio, tiene un impacto directo en la ciudadanía y debe ser ejercida con responsabilidad”. Paulón insistió en que la promoción de $LIBRA, que se disparó de US$ 0,000001 a US$ 5,20 antes de colapsar, pudo haber inducido a error a miles de inversores.
Por su parte, el especialista en derecho constitucional Andrés Gil Domínguez expresó en las últimas horas su preocupación por la autonomía de la OA: “Un organismo que depende del Poder Ejecutivo difícilmente puede garantizar una investigación imparcial sobre el presidente. Es imperativo que el Congreso intervenga para esclarecer si hubo un uso indebido de la influencia presidencial, más allá de la calificación técnica de la cuenta como ‘personal’”. Gil Domínguez subrayó que la Ley de Ética Pública (N° 25.188) obliga a los funcionarios a priorizar el interés público y abstenerse de avalar productos o servicios para beneficio propio o de terceros.
Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la resolución en una entrevista radial esta tarde: “El presidente actuó de buena fe, sin intención de dañar a nadie ni de obtener beneficios personales. La OA ha sido clara: no hay violación de la ley. Las acusaciones de la oposición son intentos de desestabilizar al gobierno en un año electoral”. Francos destacó que el caso fue analizado durante tres meses y que no se hallaron irregularidades.
El debate sigue abierto, con sectores opositores, como los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, insistiendo en que la promoción de $LIBRA refleja una falta de claridad entre lo público y lo privado. En contraposición, el gobierno sostiene que la resolución de la OA cierra el asunto desde el punto de vista ético, aunque las investigaciones judiciales por posibles delitos penales continúan en curso.