En una sesión especial cargada de tensión, la Cámara de Diputados de Argentina logró el quórum necesario este miércoles 4 de junio de 2025 para debatir un conjunto de iniciativas que generaron fuerte incomodidad al oficialismo. Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, la oposición dio media sanción a un proyecto que incrementa las jubilaciones en un 7,2% y eleva el bono para los haberes mínimos de $70.000 a $110.000, ajustado luego por inflación. Además, se aprobó la restitución por dos años de la moratoria previsional, permitiendo a quienes no cumplan con los 30 años de aportes acceder a una jubilación mínima.
El temario también incluyó la declaración de emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, que busca recomponer aranceles de prestaciones y establecer indexaciones para acompañar la inflación. Asimismo, se abordó la crisis del Hospital Garrahan, con proyectos que proponen declarar la emergencia pediátrica y garantizar su sostenimiento financiero ante los recortes presupuestarios. Estas iniciativas contaron con el respaldo de bloques como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia, superando el quórum por apenas tres legisladores.
El debate, que se extendió por varias horas, estuvo marcado por cruces entre opositores y oficialistas. Desde el Gobierno, el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtieron que estas medidas, con un impacto fiscal estimado en miles de millones de dólares, serán vetadas por el presidente Javier Milei si llegan a convertirse en ley, argumentando que comprometen el equilibrio fiscal. “No existen los recursos para esto, y el Ejecutivo vetará cualquier iniciativa que atente contra el déficit cero”, afirmó el mandatario en redes sociales.
Fuera del Congreso, la jornada se vio acompañada por una masiva movilización. Jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan, científicos del Conicet, prestadores médicos, familiares de personas con discapacidad y el colectivo Ni Una Menos, que conmemoraba diez años de su primera marcha, se congregaron para exigir respuestas a la política social del Gobierno.
El proyecto ahora pasará al Senado, donde la oposición necesitará sumar apoyos para alcanzar la mayoría. Sin embargo, la amenaza de veto presidencial y la presión sobre los gobernadores aliados del oficialismo podrían complicar su sanción definitiva. La sesión expuso las profundas diferencias entre la oposición y el Gobierno, en un contexto de creciente demanda social y tensiones políticas.