En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este martes 10 de junio de 2025 la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, ratificando la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. La resolución, adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también incluye el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos. Esta decisión pone fin a un proceso judicial iniciado en 2016 y convierte a Cristina Kirchner en la segunda expresidenta condenada en democracia, después de Carlos Menem.
La sentencia implica que Cristina Kirchner no podrá presentarse como candidata en las elecciones legislativas de septiembre de 2025, frustrando su anunciada postulación a una banca en la Legislatura bonaerense por la Tercera Sección Electoral. Además, debido a su edad (72 años), es probable que el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) le conceda el beneficio del arresto domiciliario. El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, será ahora el encargado de definir las condiciones de detención de la expresidenta y de los otros ocho condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López.
El proceso judicial: una causa de casi una década
La causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, tuvo su origen en una auditoría de Vialidad Nacional en 2016, bajo la gestión de Javier Iguacel, aunque ya en 2008 la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, había presentado una denuncia al respecto. La investigación, iniciada por el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, apuntó a una maniobra fraudulenta que benefició a empresas de Lázaro Báez, principalmente Austral Construcciones, mediante licitaciones amañadas, adelantos financieros y falta de controles.
El proceso, que involucró a más de quince funcionarios judiciales, incluyó a jueces y fiscales designados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Carlos Menem. Entre ellos, destacan el juez Ercolini, el fiscal Pollicita, los camaristas Jorge Ballesteros y Leopoldo Bruglia, y los jueces del TOF 2, Gorini, Giménez Uriburu y Basso. A pesar de las acusaciones de “lawfare” por parte del kirchnerismo, que denunció una persecución política-judicial-mediática, la Corte Suprema desestimó los recursos de apelación utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, acompañando la decisión con fundamentos debido a su trascendencia institucional.
Las acusaciones y el fallo
La condena, dictada originalmente en diciembre de 2022 por el TOF 2 y confirmada en noviembre de 2024 por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, estableció que Cristina Kirchner, junto con otros funcionarios, participó en una maniobra que perjudicó al Estado al desviar fondos públicos hacia empresas de Báez. Entre las pruebas clave, se destacó el decreto 54/2009, firmado por la expresidenta, que modificó un fideicomiso para beneficiar a la Dirección Nacional de Vialidad, así como los chats del “plan limpiar todo” hallados en el teléfono de José López, que sugerían intentos de ocultar irregularidades tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia.
Aunque los fiscales, desde Gerardo Pollicita hasta Diego Luciani y Mario Villar, insistieron en incluir el delito de asociación ilícita, que habría elevado la pena a 12 años, tanto el TOF 2 como la Cámara de Casación lo rechazaron por mayoría, considerando que las maniobras constituían un único delito continuado de fraude. Solo el juez Andrés Basso y el camarista Gustavo Hornos apoyaron la figura de asociación ilícita.
Reacciones
La confirmación de la condena generó un fuerte impacto en el escenario político argentino. Cristina Kirchner, líder del Partido Justicialista (PJ) y principal figura opositora al gobierno de Javier Milei, aguardó la resolución en la sede del PJ en Buenos Aires, rodeada de militantes, dirigentes sindicales y legisladores. Horas antes del fallo, cientos de seguidores se congregaron en apoyo a la expresidenta, mientras que sectores peronistas, como la CGT y movimientos sociales, advirtieron sobre posibles movilizaciones y paros en caso de una condena firme.
El kirchnerismo ha insistido en que la condena forma parte de una estrategia de “lawfare” para proscribirla políticamente. En un acto reciente en Corrientes, Cristina Kirchner desafió: “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”. Desde el oficialismo, el presidente Milei celebró la decisión, mientras que el expresidente Alberto Fernández expresó su apoyo a Kirchner, denunciando una persecución judicial.
La inhabilitación
Con esta resolución, Cristina Kirchner queda inhabilitada para ocupar cargos públicos de por vida y no podrá competir en las elecciones legislativas de 2025, un duro golpe para el peronismo, que pierde a su principal referente electoral. El TOF 2 deberá ahora determinar los detalles de la ejecución de la pena, que podría cumplirse en arresto domiciliario en Buenos Aires o Santa Cruz, dado que la expresidenta supera los 70 años. Además, el fallo consolida las condenas de Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios, mientras que Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro fueron absueltos, y Carlos Kirchner fue sobreseído por prescripción.
La causa Vialidad, que expuso un entramado de corrupción en la obra pública, marca un hito en la historia judicial argentina. Mientras el kirchnerismo denuncia una persecución, la sentencia reafirma el peso de las pruebas presentadas, incluyendo licitaciones irregulares, sobreprecios y falta de controles, que beneficiaron al entorno de la expresidenta durante sus gobiernos.