Alimentos: duro comunicado de la Copal contra la política de precios del Gobierno nacional

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) emitió un durísimo comunicado contra las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional en relación al congelamiento de algunos precios.

«Luego de haberse renovado en siete ocasiones y haber cumplido un año de su implementación, el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica», advirtió la Copa sobre el congelamiento.

Además, cuestionó con fuerza la decisión de poner en funcionamiento el «Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica» (SIPRE), que obliga a las empresas a informar precios y cantidades vendidas.

«Entre los principales fundamentos se hallan la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución; asimismo, considerando los inconvenientes técnicos lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas, intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria», dijo la entidad.

Copal es una entidad federal que reúne a más de 35 cámaras sectoriales asociadas de la industria de alimentos y bebidas de Argentina.

Este sector representa el 28% del PBI industrial y el 31% de los puestos de trabajo manufactureros, que representan alrededor de 380.000 personas.

Las exportaciones argentinas de la industria de alimentos y bebidas equivalen al 40% de las ventas al exterior del país y están representadas todas las economías regionales.

El comunicado

Desde el comienzo de la pandemia, la industria ha sabido demostrar su carácter esencial en la matriz productiva del país y ha continuado prestando servicios en pos de asegurar la provisión de alimentos y bebidas a las familias argentinas.

Sin embargo, el sector ha tenido que convivir desde marzo del 2020 con el congelamiento de todos sus precios, medida que fue acompañada por las empresas entendiendo que ésta era de carácter excepcional y transitorio, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19.

Luego de haberse renovado en siete ocasiones y haber cumplido un año de su implementación, el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica.

A las dificultades anteriormente mencionadas, se adiciona la reciente publicación de la Resolución 237/21 que crea el “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), el cual exige a las empresas informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos.

Por este motivo, Copal, en representación de sus 35 cámaras socias, interpuso un reclamo administrativo impropio, requiriendo la suspensión de los efectos hasta tanto se evalúe su derogación.

Entre los principales fundamentos se hallan la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución; asimismo, considerando los inconvenientes técnicos lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas, intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria.

En la misma línea, se advierte sobre las implicancias y los fundamentos para exigir la derogación de la Resolución 283/21 que da lugar al “Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas” (SIFIRE), colisionando con marcos normativos preexistentes y con competencias de las autoridades sanitarias correspondientes, sumándose al extenso listado de trámites del sector.

“En el marco de una emergencia sin precedentes se definen reglas de juego que van más allá de la misma, lejos de reconocer la situación crítica que atraviesan los sectores. Más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones, no hacen más que alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas e incentivar la informalidad”, afirma Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, que asegura “estamos convencidos de que la única vía para lograr estabilizar la economía es a través de la generación de más competencias, incentivos a la iniciativa privada y mayor formalidad con menor carga fiscal”.

 

Fuente: La Voz del Interior