En el marco de la causa que investiga las fiestas privadas donde se utilizaban fármacos como fentanilo y propofol sustraídos del Hospital Italiano, las autoridades allanaron este miércoles la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, ubicada en la calle Juan Felipe Aranguren al 1300, en el barrio porteño de Caballito. El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y apuntó a recabar actas de reuniones vinculadas a los médicos imputados en la causa, además de otro material de interés para el expediente. El abogado de la institución, Eduardo Gerome, declaró ante la prensa que el procedimiento los tomó por sorpresa.
El origen del caso
Todo comenzó el 20 de febrero, cuando Alejandro Zalazar, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, fue hallado muerto en su departamento del barrio de Palermo, a los 31 años. La autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso anestésico intravenoso. En la escena, el personal policial y del SAME encontró una vía conectada en el pie derecho de la víctima y elementos descartables para inyecciones.
El análisis de trazabilidad de los medicamentos hallados en su domicilio permitió establecer que pertenecían al circuito interno del Hospital Italiano de Buenos Aires, institución en la que Zalazar no trabajaba. Ese dato fue el detonante de una investigación interna dentro del hospital y, en paralelo, de una denuncia penal orientada a determinar cómo habían salido del establecimiento sustancias que no se comercializan en farmacias ni están disponibles para uso particular.
Los imputados y el avance judicial
La causa quedó registrada bajo el expediente N° 8922/2026, iniciada el 23 de febrero. El fiscal de Instrucción Lucio Herrera impulsó la investigación e imputó a dos profesionales: Hernán Boveri, uno de los principales anestesiólogos del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, residente de anestesiología en esa institución desde 2023. El 12 de marzo se ordenaron tres allanamientos con resultados positivos, a cargo de la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.
Ambos imputados fueron indagados vía Zoom ante el juez de Instrucción Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal: Lanusse el 18 de marzo y Boveri el 25. Los dos negaron los hechos y anticiparon que presentarían escritos de descargo. La Justicia dispuso además la prohibición de contacto entre ellos y la prohibición de salida del país. Los hechos investigados se habrían extendido desde 2023 hasta mediados de febrero de 2026.
Las “Propo Fest”: fiestas clandestinas con anestesia
A medida que la investigación avanzó, surgieron detalles sobre un fenómeno que sacudió al ambiente médico porteño: las llamadas “Propo Fest”, reuniones clandestinas organizadas por un pequeño grupo de anestesistas y residentes de distintos hospitales de la Ciudad, donde se suministraban propofol y fentanilo con fines recreativos y sexuales.
Durante estos encuentros se utilizaban bombas de infusión —equipos de uso exclusivamente hospitalario— para dosificar los fármacos de manera continua, permitiendo que los participantes alcanzaran un estado de preanestesia, una suerte de ensoñación, sin perder totalmente la conciencia. En todos los casos había al menos una persona de guardia preparada para “ambucear” —aplicar el dispositivo de asistencia respiratoria— ante una eventual apnea. El riesgo era elevado: una dosis mínimamente superior a la calculada podía derivar en depresión respiratoria y paro cardíaco.
Según surgió de la investigación, existían dos modalidades: encuentros de carácter sexual entre conocidos, y experiencias ofrecidas como “viajes controlados” a clientes que pagaban por someterse a los efectos de los fármacos bajo supervisión improvisada.
La Justicia amplía el radio de investigación
Tras el allanamiento de este miércoles a la Asociación de Anestesistas —que paradójicamente se había presentado como denunciante en el expediente junto al Hospital Italiano—, la Justicia busca determinar si existen otros centros de salud afectados por el robo de estas sustancias.
Desde el gobierno de la Ciudad aclararon que hasta el momento no se registraron faltantes en el sistema de hospitales públicos y que los hechos investigados ocurrieron en el ámbito privado de los involucrados. El Hospital Italiano, por su parte, confirmó haber apartado a los dos profesionales implicados por robo de estupefacientes y aseguró estar colaborando plenamente con la Justicia para esclarecer cómo se vulneraron los controles de su farmacia hospitalaria.
