La santiagueña estuvo retenida en Río de Janeiro desde mediados de enero acusada de injuria racial. La Fiscalía redujo los cargos de tres delitos a uno y ella deberá pagar una fianza y cumplir servicios comunitarios en Argentina. Solo falta la firma del juez.
Agostina Páez, la abogada de 29 años oriunda de Santiago del Estero que permanecía retenida en Brasil desde el 14 de enero pasado acusada de injuria racial, no irá a prisión y podrá regresar a la Argentina en los próximos días. Así lo confirmó su defensora, Carla Junqueira, al término de la audiencia celebrada este martes ante el Tribunal Penal N° 37 de Río de Janeiro, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.
La jornada judicial, que se extendió por más de tres horas, deparó un giro favorable para la imputada: la Fiscalía y la querella no se opusieron a su retorno al país. Solo resta que el magistrado rubrique la resolución y fije el monto de la fianza para que Páez pueda tomar un vuelo de regreso a casa. Sus defensores estimaron que eso podría ocurrir en un plazo de tres días.
Cómo arrancó el caso
El origen de la causa se remonta a una noche de vacaciones en el barrio de Ipanema. Según la investigación judicial brasileña, Páez protagonizó una discusión con empleados de un bar que derivó en comentarios y gestos de connotación racista. Un video grabado en el lugar, que circuló masivamente por redes sociales, se convirtió en la prueba central del expediente y determinó que la Justicia local le impusiera medidas cautelares: tobillera electrónica y prohibición de salir del país.
A partir de ese momento, la situación de la abogada santiagueña se transformó en un caso de alto impacto mediático a ambos lados del río. La acusación original comprendía tres denuncias independientes por injuria racial, figura contemplada en la legislación antirracista brasileña, con penas de hasta cinco años por cada cargo. La suma de los tres cargos en concurso material llevaba la pena máxima en expectativa a 15 años de cárcel.
El giro en la audiencia
La audiencia de este martes cambió sustancialmente el escenario. La Fiscalía optó por unificar las tres denuncias en un único delito continuado con tres víctimas, lo que redujo considerablemente el riesgo de condena severa. Según explicó la defensora Junqueira a los medios presentes en Río de Janeiro, la acusación que quedó en pie tiene una pena mínima de dos años, susceptible de ser reemplazada por servicios comunitarios en territorio argentino más el pago de una reparación económica a las víctimas.
Otro factor que incidió favorablemente fue el pedido de disculpas públicas que Páez formuló antes de la audiencia. La Fiscalía valoró positivamente ese gesto al momento de reformular los cargos. Al salir de los tribunales, la acusada se mostró aliviada aunque cauta: dijo que no estará en paz hasta que aterrice en la Argentina y que seguirá resguardándose porque recibió amenazas durante los meses que lleva en Brasil.
Su padre, Mariano Páez, que viajó a Río para acompañarla, había descripto el estado emocional de su hija como una depresión profunda, y señaló que en los peores momentos ella dejaba de responder llamadas por días enteros. La joven recibió asistencia de psicólogos y psiquiatras durante su estadía forzosa en el país vecino.
Por qué el gobierno argentino no pudo intervenir
El caso generó una pregunta recurrente en redes sociales y en los medios: por qué el Estado argentino no pudo hacer más para facilitar el regreso de Páez. La respuesta es estrictamente jurídica.
En causas penales tramitadas en el exterior, el gobierno argentino no tiene facultades para ordenar el retorno de un ciudadano ni para interferir en el proceso judicial de otro país. El principio de soberanía jurisdiccional determina que, cuando el hecho investigado ocurrió en territorio brasileño, solo los jueces y fiscales de ese país tienen competencia para decidir sobre la detención, las restricciones procesales y la eventual condena.
Lo que sí pudo hacer el Estado argentino fue asistencia consular: garantizar que Páez tuviera defensa legal adecuada, facilitar el contacto con su familia y estar presente en los actos procesales. Representantes del consulado argentino en Río de Janeiro estuvieron presentes en la audiencia de este martes, aunque no pudieron ingresar a la sala. El canciller Pablo Quirno celebró el desenlace a través de sus redes sociales con la frase “Hechos, no palabras”.
Qué sigue
Antes de abordar un vuelo de regreso, Páez deberá esperar la firma del juez Duarte, quien debe determinar el monto de la caución pecuniaria y las condiciones precisas de la reparación a las víctimas. Una vez en Argentina, deberá cumplir servicios comunitarios y abonar la compensación fijada por el tribunal brasileño.
El caso puso en evidencia la severidad con la que Brasil aborda los delitos de injuria racial, una figura que en los últimos años cobró mayor peso dentro del sistema judicial del país vecino en el marco de políticas orientadas a combatir el racismo estructural.
