El United States Department of Justice (DOJ) publicó el 30 de enero más de tres millones de páginas adicionales vinculadas al caso Jeffrey Epstein, en cumplimiento de la Epstein Files Transparency Act, sancionada en noviembre de 2025. El nuevo lote incluye unos 2.000 videos y 180.000 imágenes, y eleva a cerca de 3,5 millones el total de páginas difundidas en distintas tandas.
La desclasificación tuvo impacto global por las menciones a figuras de alto perfil en la política, los negocios y la realeza. Sin embargo, el DOJ aclaró que el material no aporta, por ahora, elementos suficientes para promover nuevas imputaciones penales directas, según indicó el vicefiscal general Todd Blanche.
En paralelo, la fiscalía de New Mexico reabrió una investigación sobre presuntas actividades ilícitas en el Zorro Ranch —la propiedad de Epstein en ese estado—, cerrada en 2019. El fiscal general Raúl Torrez sostuvo que la revisión de archivos del FBI justifica un nuevo análisis.
En el Reino Unido, el expríncipe Prince Andrew —Andrew Mountbatten-Windsor— fue arrestado el 19 o 20 de febrero bajo sospecha de misconduct in public office, por supuestos intercambios de información sensible con Epstein durante su etapa como enviado comercial. Fue liberado bajo investigación y ya había perdido previamente sus títulos y funciones oficiales.
En el frente civil, el patrimonio de Epstein acordó pagar hasta 35 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva de sobrevivientes que acusaba a su abogado y a su contador de facilitar el entramado de tráfico sexual.
Por su parte, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual, declaró de manera virtual ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en febrero e invocó la Quinta Enmienda en varios pasajes. Su defensa deslizó la posibilidad de cooperar a cambio de clemencia presidencial, una alternativa que especialistas consideran de viabilidad incierta.
También compareció ante el Congreso el empresario Les Wexner, ex CEO de Victoria’s Secret, quien negó haber sido co-conspirador y aseguró haber cortado vínculos con Epstein hace casi dos décadas.
El Departamento de Justicia sostiene que cumplió con lo dispuesto por la ley y que no prevé nuevas liberaciones masivas. Persisten, no obstante, cuestionamientos por las tachaduras en los documentos, la publicación inicial de material explícito —luego parcialmente retirado— y los reclamos de mayor transparencia por parte de expertos en derechos humanos de la ONU y organizaciones de víctimas. Por ahora, no hay confirmación de nuevas imputaciones penales directas contra terceros.