El Gobierno prepara dos nuevas aprobaciones de proyectos para su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que serían autorizados en las próximas semanas.
Si bien no hay certezas sobre cuáles de los 10 proyectos que están en carpeta quedarían habilitados, se espera que en marzo “se ponga el gancho” a dos inversiones cruciales para la energía: el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), donde las principales petroleras del país destinarán unos 2.500 millones de dólares; y el barco de licuefacción de gas que Pan American Energy (PAE) traerá con YPF, Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG, con un desembolso de US$ 2.900 millones en los primeros 10 años.
A pesar de que ya se presentaron 11 proyectos para su ingreso al RIGI por una suma cercana a los 13.500 millones de dólares, el Gobierno apenas aprobó uno: el del parque solar El Quemado, de la generadora eléctrica YPF Luz, en Mendoza, con inversiones por unos US$ 211 millones.
La demora en los avances de uno de los principales emblemas de la gestión de Javier Milei empezó a generar preocupación entre los potenciales inversores. Según cuentan quienes están al tanto de la operatoria, “el RIGI tiene un proceso de ida y vuelta entre el Ministerio de Economía y los interesados”, en donde por cada pregunta que hace el Comité de Evaluación se suspenden los plazos para la habilitación final.
“Algunos, como YPF Luz, tienen todo en orden y su autorización es rápida, y otros tardan un poco más”, describe una fuente.
Pero según pudo saber Clarín, existe una especial atención del Gobierno sobre el uso de los dólares y el eventual impacto de cada uno de los proyectos de inversión en la balanza cambiaria del Banco Central (BCRA).
Tres representantes de distintas empresas que buscan el aval oficial para entrar al RIGI relataron que entre las consultas del Comité de Evaluación está el origen de las divisas. El Gobierno “prefiere que los dólares vengan de afuera”, ya sea como capital propio de las compañías que esté en el exterior o como financiamiento internacional, sin que se usen recursos que ya están en el país. El 40% de las inversiones se deberían liquidar en los primeros dos años luego de la aprobación, tal como exige la normativa.
Si bien esto no genera una alarma en las industrias de energía y minería, que son las principales destinatarias de los incentivos cambiarios, aduaneros, fiscales y de seguridad jurídica que otorga el régimen, resulta cuanto menos una contradicción.
Una de las vías para canalizar inversiones multimillonarias blindadas de los problemas económicos de la Argentina se encuentra justamente demorada por el principal de esos inconvenientes: la falta de dólares en las reservas netas del BCRA, causante de que desde 2019 se extiendan los controles de capitales -“cepo al dólar” y, también en parte, consecuencia de esas restricciones cambiarias.
Es por eso que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que otorgue dólares frescos al país se vuelve imprescindible para garantizar el funcionamiento del RIGI.
Según presentaciones que hicieron los funcionarios ante fondos de inversión, el Gobierno espera que el RIGI atraiga aproximadamente unos 50.000 millones de dólares a la Argentina en los próximos 20 años.