El presidente Javier Milei vetará a la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales y fue sancionada esta madrugada por el Senado de la Nación. Así informó el Presidente en su cuenta de la red social X (exTwitter). Se tratará del segundo veto presidencial desde que el líder libertario accedió a la Presidencia.
Esta mañana, en conferencia de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había dicho que el tema estaba en análisis. Lejos de la prudencia de Adorni, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había adelantado esta madrugada en su cuenta de la red social X: “Se viene el veto”. El propio Presidente lo ratificó. “Veto total”, le respondió a Álvarez.
El Gobierno tiene 10 días hábiles para torcer la decisión parlamentaria, un punto sobre el que hacían alusión hoy en la sede del Gobierno.
En Balcarce 50 sostenían que el tema universitario es, más allá de lo presupuestario eminentemente “político”. Apuntaban a que el tema “ya se había hablado y había acuerdo con los rectores y esto (por la ley) modifica eso”.
En el Gobierno agregaban que no los condiciona la advertencia del sector universitario respecto de una nueva y multitudinaria marcha como la que se registró a fines de abril pasado. “Si quieren marchar, que vuelvan a marchar”, dijo un funcionario libertario, en tono desafiante.
El veto será el segundo en la era libertaria, luego de que hace dos semanas el mandatario firmara el último 30 de agosto la ley de movilidad jubilatoria.
En el caso del presupuesto universitario, todo indica que la decisión presidencial podría acarrear, efectivamente, un duro revés en las calles para la administración libertaria por aplicar una medida de ese calibre en un tema que motivó, a fines de abril último, una masiva marcha en contra de la resistencia del Poder Ejecutivo a financiar las casas de altos estudios.
La ley fue sancionada por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición en la que confluyeron radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio por 57 votos a favor, tan sólo 10 en contra y una abstención. Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI). En números, serían unos $780.000 millones de pesos. El oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional.