En medio de las modificaciones de último momento en el Senado, que alcanzan empresas a ser privatizadas y obra pública, entre otros, el Gobierno accedió a un cambio en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para el tratamiento en general de la Ley Bases en la Cámara Alta.
El cambio se estableció en el artículo N°175 del Proyecto de Ley, donde entre otras cosas, se detalla que el RIGI otorga beneficios por un período de 30 años.
El artículo ya había sometido a cambios en las modificaciones anteriores tras el paso por Diputados para incorporar entre las razones de rechazo de un proyecto el inciso “h” que establece que podrían negarse los proyectos cuando se determine que pueden generar una “distorsión en el mercado local”, una definición que habrá que aclarar en la letra chica.
En el cambio que se incorporó este miércoles, se modificaron los 3 primeros párrafos del artículo 175. Con eso se propone “morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la Administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos”.
“Artículo 175.- Desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión por parte del VPU (o, en su caso, desde la presentación de cualquier información complementaria o aclaratoria requerida por la autoridad de aplicación al efecto), la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días siguientes para expedirse aprobándolos o rechazándolos. El plazo de cuarenta y cinco (45) días antes referido es esencial.
“El acto administrativo de aprobación o rechazo de la solicitud de adhesión deberá ser notificado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su emisión. La autoridad de aplicación podrá solicitar información complementaria o las aclaraciones que resulten indispensables para analizar la viabilidad y factibilidad del proyecto en función de sus características e incluso podrá citar a una audiencia a mantener con los representantes del VPU.
“El plazo previsto en el primer párrafo del presente se suspenderá desde la fecha de notificación de la solicitud de información adicional hasta la fecha de presentación de la información complementaria o las aclaraciones requeridas. (…)”, completa. El resto de la redacción se mantiene como está en el dictamen.
Cuáles fueron los cambios en el RIGI
Según el texto que se aprobó en Diputados, el RIGI establece una baja ganancias al 25%, y también la distribución de dividendos a cero después de un tiempo. “Débitos y créditos queda a cuenta de ganancias. Los saldos técnicos de IVA pueden ser usados para pagar otros tributos. Los exime de retenciones”, detalla un análisis del texto final.
Si las empresas exportan “no deben traer los dólares del exterior y tienen garantizado el acceso al mercado cambiario local al tipo de cambio oficial y con posibilidad de venta a terceros. Todo ello y más garantizado por un período de estabilidad de 30 años”.
Los cambios del Senado dentro del dictamen del oficialismo no se consideraron relevantes. El dictamen de menoría del legislador Martín Lousteau plantea que se apruebe la media sanción de Diputados para el caso del GNL, con inversiones proyectadas en más de u$s 30.000 millones.
Complementa la ley de minería con aquellas cosas que los inversores potenciales -con proyectos que van desde los u$s 350 millones a miles de millones de dólares- “consideran indispensable para efectivizar la inversión”. Para evitar los “innumerables problemas” del RIGI se plantea trabajar esos marcos normativos aparte.
El sector privado volvió a dejar su posición a favor del RIGI y fijó posición sobre el aumento de las regalías mineras. Una de las cámaras fue AmCham, que nuclea a empresas de los Estados Unidos.
“Solicitamos que se revise la decisión del aumento sustancial en el tope de regalías vigente, garantizando la seguridad jurídica necesaria para el arribo de inversiones y evitando obstaculizar el futuro funcionamiento del RIGI como herramienta para fomentar el desarrollo de la actividad”, detalla la carta firmada por Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina y enviada al Senado.