El Juzgado Federal N°2 de Tucumán ordenó que efectivos de la Gendarmería Nacional realicen un inventario de los alimentos acopiados en un depósito en la localidad de Tafí Viejo que depende del Ministerio de Capital Humano. La intervención judicial se dio después de una denuncia en contra de la ministra Sandra Pettovello que realizó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de la Sociedad Civil.
La inspección del depósito deberá realizarse mañana, entre las 8 y las 19. De no concretarse, las fuerzas federales estarían habilitados judicialmente para avanzar con un allanamiento. Gendarmería debería verificar allí la existencia de alimentos; tipos y cantidades; fechas de ingreso al depósito; fechas de vencimiento de la mercadería; destino asignado a los alimentos y, la realización de un inventario de la mercadería que se halle en el lugar, según consta del acta judicial a la que accedió LA NACION.
Ni bien asumió al frente de Capital Humano, que absorbió las tareas de lo que hacía Desarrollo Social, Pettovello suspendió la entrega de mercadería para comedores y merenderos bajo el argumento de que las cooperativas, las fundaciones y otras entidades designadas para esta tarea por la gestión anterior habían incurrido en distintas irregularidades.
“La medida se requiere con carácter de urgente, atento a la calidad de perecederos de los alimentos, y la urgencia de atender al derecho a la alimentación de los y las peticionantes, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado”, según se desprende del acta judicial, firmada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez.
Y anadió: “Además rige la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria -prorrogada por el artículo 87 de la Ley 27.701-, que en su art. 2°crea en el ámbito del Minesterio de Desarrollo Social (hoy Ministerio de Capital Humano), el programa de emergencia alimentaria, destinado a la compra de alimentos, para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia, como así también prevé partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación para la compra y distribución de alimentos”,
La presentación fue realizada ante la fiscalía federal general que conduce Gustavo Gómez, y rubricada por Mercedes Leguizamón, referente del Frente de Mujeres Campesinas, Juan Jose Paz, referente del MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indigena), Gabino Juan Pacheco, referente de Nuestra América; Manuel Delgadino, referente del Frente Barrial 19 de Diciembre; Johanna Celeste Salas Gretel, referente provincial de la Organización María Claudia Falcone; Noelia Roxana Morales, responsable de la Asociación civil Bichito de Luz; Nelida del Valle “Merry” Anastasia, referente del Movimiento de Trabajadores Unidos (MTE), Silvia Irene Di Donato, referente de la organización “La 17″; Jorge Hector Burgos, referente de MTV MILES; Jorge Luis Bustos, presidente de la “Asociación Civil Ritmo y Pasión”; Jorge Real, responsable de la Organización Nacional 9 de Julio, María Eva Casmuz, referente de Corriente política 17 de agosto; Giannina del Rosario, referente de la Organización 25 de Mayo; Matias Jose Plaza, presidente de la Asociación Civil Militancia del Pueblo, todos con el patrocinio del abogado José Ginés Araez.
Los denunciantes explicaron que “si bien el Estado Nacional ha tomado la medida de elevar los montos en de la Tarjeta Alimentar, al mismo tiempo ha dejado de enviar provisión adecuada de alimentos a merenderos y comedores de quienes suscriben esta denuncia”. “Hay un deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”, dijeron. Y luego analizaron: “resulta de conocimiento público la presencia de mercadería sin entregar en los depósitos pertenecientes al Ministerio de Capital Humano en. la ciudad de Tafí Viejo, mientras no cesa nuestro reclamo por alimentos para paliar la acuciante emergencia alimentaria”.