IRENE HARTMANN
Hace unos días se filtró un proyecto de decreto a través del cual el Gobierno busca desregular el financiamiento de prestaciones para personas con discapacidad. Mientras hoy existe una lista única –o nomenclador– consensuada por un directorio con protagonistas del sector, donde se detallan los aranceles que los financiadores deben pagar a los prestadores que dan salud, educación y transporte a las personas con discapacidad, de emitirse este DNU cada financiador nacional (son básicamente tres) podría fijar los aranceles a su gusto. Acá, las consecuencias que un cambio así podría generar en los usuarios y qué dice el Gobierno de Javier Milei.
El documento que trascendió por distintos canales, titulado “Proyecto de decreto” y fechado el 8 de mayo, es un texto genuino, salido del Gobierno nacional, según se pudo confirmar. Fue elaborado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que depende de Jefatura de Gabinete y conducido por Diego Spagnuolo, quien firma al pie del texto.
Sin suerte, Clarín viene intentando desde el viernes gestionar una entrevista con ese funcionario, a fin de clarificar aspectos imprecisos del casi certero decreto, para cuya salida resta que se concreten algunos procedimientos administrativos.
Por su parte, el escrito subsana toda imprecisión con un recurso clásico, la necesidad de una futura reglamentación, que le permite al Ejecutivo patear la pelota de varias definiciones para después: “Facúltese a la Agencia Nacional de Discapacidad a dictar las normas reglamentarias, complementarias y/o aclaratorias que considere pertinentes para la operatividad del presente Decreto como autoridad de aplicación en materia de discapacidad”.
Los riesgos del decreto sobre discapacidad
Así, el kinesiólogo o terapeuta (elija el rubro que quiera) que atienda a una persona con discapacidad vía Incluir Salud, por ejemplo, podría percibir un monto distinto si brinda ese mismo servicio a una persona que sí tiene cobertura por obra social. Hay que aclarar que las afectadas por el decreto serían las obras sociales nacionales (principalmente, todas las sindicales), ya que las provinciales, como IOMA por dar un ejemplo, quedan siempre por fuera de este tipo de medidas.
En el primer ejemplo (Incluir Salud), el dinero lo pondría el Estado a través del Tesoro Nacional. En el segundo caso, el gasto de la obra social sería cubierto (como ahora) por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través del Fondo Solidario de Redistribución, que se nutre de un porcentaje de los aportes de los trabajadores en relación de dependencia.
Otro cambio que plantea el decreto filtrado estipula modificar la composición del directorio que hasta ahora actualizaba los aranceles únicos del sector, una función que, aparentemente, no tendrá más.
Supuestamente (el texto no es del todo claro) se trata de una ampliación, que llevaría los 10 representantes actuales a 16. Los nuevos deberían venir del Ministerio de Economía, de las secretarías de Educación y Trabajo, del Consejo Federal de Discapacidad y dos integrantes más por las organizaciones que representan a las instituciones que dan servicios para discapacidad.
El reclamo de las asociaciones relacionadas con discapacidad
Por un lado, se quejan de no haber sido convocados a dialogar estos cambios. Por otro, afirman que la medida implicaría un gran retroceso en los derechos adquiridos para el sector.
Si ahora sale el decreto, opinó Juan Hurón, presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de la Educación Especial (ATAECaDis), “lo que va a terminar sucediendo es que el prestador va a terminar elegiendo al financiador que mejor le pague, lo que va a generar afiliados ‘de primera‘, ‘de segunda‘ y ‘de tercera‘. Es justamente lo que pasaba antes de la ley 24.901”.
Qué dice el Gobierno sobre el DNU sobre discapacidad filtrado
Aclararon que “lo que se desregula son los precios acorde a cada ente financiador”, con la finalidad de “romper el lobby de los prestadores por concentración de las mismas y sus respectivos valores; y a fomentar una mejor y mayor calidad de servicio para personas con discapacidad en todo el país”.
Denuncias por el atraso en las prestaciones por discapacidad
Consultado por este tema, Alejandro Cytrynbaum, secretario general de Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), compartió que desde la entidad se pronunciaron en rechazo de la medida recién a última hora del martes (previo a la movilización de este miércoles) porque “la información que estuvo circulando no es por ahora oficial”, pero compartió su temor: “Si esto se llega a aprobar, va a ser un retroceso muy grande. Va a afectar a las personas con discapacidad, pero especialmente a aquellas que menos tienen”.
“El sector viene en crisis hace tiempo y ya muchos profesionales decidieron no atender por prepaga u obra social, justamente porque el nomenclador está muy bajo y cobran muy poco”, se lamentó Cytrynmabum, y concluyó: “Si con nomenclador y todo muchos han desaparecido del sistema, no quiero pensar lo que podría pasar con una desregulación como esta”.