El gobierno chileno ha intensificado las pesquisas diplomáticas con Argentina y Suecia con el fin de corroborar la identidad de Bernarda Vera Contardo, una mujer inscrita como desaparecida y ejecutada durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, quien se presume reside en la ciudad bonaerense de Miramar a los 79 años. Según consta en documentos oficiales, Vera, integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue arrestada el 10 de octubre de ese año en la región de la Araucanía y considerada víctima de desaparición forzada por la Comisión Rettig, pero un reciente informe periodístico reveló su posible supervivencia tras recibir asilo en el país nórdico en la década de 1980.
La clave surgió de un boletín del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia en septiembre de 2024, que detectó “incongruencias inusuales” con testimonios de avistamientos posteriores a la desaparición, lo que motivó consultas consulares en Argentina desde junio de 2024, que inicialmente resultaron infructuosas. En abril de 2025, Chile solicitó información a Suecia, que confirmó el 13 de mayo la nacionalidad otorgada a Vera como refugiada, seguida de información complementaria de la Agencia Tributaria sueca (Skatteverket) en julio. Estos hallazgos, comunicados a la familia de forma confidencial, han reabierto el caso en el contexto del legado de las 1. 162 víctimas de desaparición forzada bajo Pinochet.
En las últimas horas, el escándalo político se intensificó con una denuncia penal contra el ministro en visita extraordinaria por Derechos Humanos, Claudio Uribe, por supuesta negligencia en la gestión del caso, impulsada por sectores de izquierda que ponen en duda la veracidad de los registros históricos. Fuentes del gobierno de Gabriel Boric señalaron que se mantienen las gestiones con consulados argentinos para verificar la residencia en Miramar, donde una mujer de características similares ha sido ubicada por periodistas de Chilevisión, aunque no se ha establecido contacto directo con la presunta Vera para proteger su intimidad.
La familia de Bernarda Vera, que incluye a una hija de cinco años al momento de la detención, ha manifestado sorpresa y exigencias de claridad, incluyendo la revisión de las pensiones por víctimas de la dictadura que la familia recibía. Expertos en derechos humanos advierten que este caso podría poner en tela de juicio la fiabilidad de los archivos de la época de Pinochet, similar a otras “inconsistencias” detectadas en el Plan Nacional, que busca a más de 1. 400 desaparecidos restantes.