El juicio de extradición del fotoperiodista argentino Facundo Molares Schoenfeld comenzó este miércoles con la declaración testimonial de su padre Hugo, quien aseguró que «jamás se le anunció a Facundo que estuviera prófugo de algo» y que, pese a haber «un problema» con su documento, fue inscripto como «Camilo, el argentino» en las listas que las ex FARC confeccionaban con sus miembros amnistiados en Colombia luego de los Acuerdos de Paz de 2016.
El pedido de extradición fue hecho por el Gobierno del presidente colombiano Iván Duque por haber integrado el fotógrafo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), requerimiento que fue rechazado por la defensa y por organismos de derechos humanos que consideran que los delitos que se le imputan ocurrieron antes de 2016, por lo que están encuadrados por el Acuerdo de Paz firmado ese año por el Estado colombiano y la guerrilla, plantean.
Otranto dio inicio al juicio de forma virtual, pasadas las 9.45, con la lectura del pedido de extradición a cargo del secretario del juzgado, Adrián Flores, que se extendió hasta las 11.30.
La defensa estuvo encabezada por Gustavo Franquet y Eduardo Soares, que integran La Gremial de Abogados. Luego de la lectura, se trataron dos cuestiones preliminares.
Desde el penal de Ezeiza, donde está detenido Molares, Soares indicó que «las condiciones en que estamos para ejercer la defensa son muy precarias» y agregó: «Estamos en una celda, los sonidos son muy malos y se nos complica escuchar, tampoco hay wifi; no hay enchufe y hay problemas auditivos con lo cual fue muy difícil escuchar todo lo que se leyó».
Franquet sumó que «si los testigos van a declarar en estas condiciones no podemos ejercer la defensa».
Otranto replicó que «así como el juzgado hizo gestiones para que ustedes puedan ingresar al penal hará las necesarias para participar en el juicio desde un lugar cómodo y con acceso a su material digital. En todo caso el requerido deberá ser trasladado».
La segunda cuestión expresada por la defensa fue la existencia de «nueva prueba, dos nuevas documentaciones, informes periodísticos», precisaron.
En este punto, el fiscal Baquioni se solidarizó con la situación de las condiciones tecnológicas y no opuso objeciones a la incorporación de la nueva prueba que será analizada la semana próxima.
Luego se procedió a la invitación a declarar de Molares Schoenfeld quien se negó a hacerlo y se estableció un cuarto intermedio hasta las 12.30. Tras nuevos inconvenientes en la conectividad, tanto del juzgado federal de Esquel como de la cárcel, la audiencia pudo con el testimonio del padre del detenido, Hugo Molares.
«En el 2021 Facundo andaba por Argentina sin ningún tipo de restricción ni amenaza, estaba completamente libre y expuesto a cualquier situación. Jamás se le anunció que estuviera prófugo de algo», sostuvo sobre la situación de su hijo en los meses previos a ser detenido.
«Facundo y toda la familia estábamos tranquilos, no tendría por qué haber sucedido esto», agregó.
También dio detalles de cómo fue el proceso de desmovilización de su hijo como integrante de las FARC, en el que hubo «un problema» al no ser bien inscrito en las actas de los miembros amnistiados.
«Habían sido registrados por los miembros de las FARC, que tenían la obligación de hacer un relevamiento, pero con Facundo hubo un problema, no tenía su número de documento», indicó Molares.
Sin embargo, remarcó que «todos los integrantes fueron censados» y que su hijo «está registrado como Facundo Molares Schoenfeld, alias Camilo, el argentino». Luego de sus declaraciones, ni el fiscal Baquioni ni el juez Otranto le hicieron preguntas.
El jueves, desde las 9 continuará la segunda jornada del juicio de extradición.
Molares Schoenfeld está detenido en Ezeiza desde noviembre del año pasado, cuando fue detenido por la división Interpol de la Policía Federal mientras se encontraba en la casa de su padre en la localidad chubutense de Trevelin.
Participaron el fiscal federal de Esquel, Federico Baquioni Zingaretti, y el titular de la Dirección de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración, Diego Solernó. Por la APDH estuvieron Eduardo Taviano y Pablo Pimentel.
El fuero penal ordinario de Colombia, en base a la imputación de un integrante de la Fiscalía General de la Nación, acusa a Molares Schoenfeld del secuestro del concejal Armando Acuña, ocurrido en marzo de 2009 en el municipio de Garzón, departamento del Huila.
Organismos de DDHH consideran «inadmisible» la extradición ya que «las acusaciones formuladas, inciertas e infundadas, corresponden al periodo comprendido en los Acuerdos de Paz», advirtieron en una declaración Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la APDH y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras entidades.
Los defensores del fotógrafo alegan que el fuero penal ordinario de Colombia no tiene competencia para solicitar la extradición porque los delitos que se le imputan son anteriores al Acuerdo de Paz del año 2016, por lo que deben ser tratados por la Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal encargado de administrar justicia a los actores del conflicto armado.
Franquet había dicho a Télam que «vamos a demostrar que quien pide la extradición (el Estado colombiano) no tiene competencia para hacerlo y que la pide por delitos políticos, por lo cual no corresponde concederla. Además, en el juicio vamos a probar un tercer elemento, la cuestión humanitaria, porque extraditar a Facundo Molares equivale a extraditarlo para que lo maten, porque está bastante claro que (en Colombia) lo están esperando para matarlo».
Soares insistió en que la competencia para juzgar esos hechos es «la Justicia Especial para la Paz, como lo determinan la Constitución, las leyes del Congreso y decretos presidenciales» de Colombia.
También señaló que las circunstancias que rodean al requerimiento del Estado colombiano no garantizan el cumplimiento de las garantías contempladas en varios artículos de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, también conocida como ley de extradición.
Y advirtió que «en Colombia, hay más de 200 integrantes de las FARC que adscribieron a los Acuerdos de Paz y luego de desmovilizarse fueron asesinados. Esa es la postura de La Gremial de Abogados».
Fuente: Télam