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Un enorme avance para la democracia argentina

El presidente Alberto Fernández sancionó el decreto 571/20 que deroga los decretos 683 y 703 de la gestión macrista que eliminaron toda referencia al origen estatal de la agresión externa permitiendo ampliar los supuestos de intervención de los militares a cuestiones de seguridad interna, al abanico de las “nuevas amenazas” como el narcotráfico o el terrorismo. El 571 restableció la vigencia del decreto 727/06 que establece que las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas sólo ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas de otros estados.

La iniciativa del Ministerio de Defensa de derogar los decretos macristas es un enorme avance para nuestra democracia y para la defensa nacional. Implica que la Argentina regresó al grupo de democracias avanzadas, institucionalmente consolidadas, en las que rige el principio de demarcación que separa la función de las fuerzas armadas de la que cumplen las fuerzas de seguridad. Esta separación se encuentra en países como EEUU y en la mayoría de los europeos y es aquello que impidió que Donald Trump utilizara a los militares para reprimir las protestas desatadas por el asesinato de George Floyd.

La sanción del 571 nos aleja del patrón de militarización de Brasil, Chile o Venezuela que utilizan a sus militares en el mantenimiento del orden interno. El restablecimiento del 727 impide utilizar a los militares en esa clase de misiones.

La Argentina no descuida las cuestiones de seguridad pública como el narcotráfico o el terrorismo, por el contrario, existen un amplio conjunto de instrumentos legales diseñados para enfrentarlas. A ello se suma un importante dispositivo de seguridad pública. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Argentina es el país con la mayor cantidad de fuerzas de seguridad cada 100.000 habitantes en todo el continente, a una distancia considerable de Estados Unidos, Brasil, Colombia o Chile. ¿Cuál sería el escenario de amenaza terrorista y del narcotráfico que demandaría que este importante aparato de seguridad pública requiera de la ayuda de las fuerzas armadas?

Todas las supuestas amenazas que reclamarían una mayor intervención de los militares pueden ser atendidas con el actual marco normativo. Las fuerzas armadas pueden actuar en situaciones de emergencia, ayuda humanitaria, patrullaje de fronteras o en misiones de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.

Es llamativo que sectores que afirman defender la defensa quieran convertir a los militares en policías, negando la posibilidad de un conflicto interestatal.

Ninguna legislación puede definirse per se como “antigua”, basta mencionar que la Posse Comitatus Act y la Insurrection Act, que impidieron a Trump desplegar a los militares para reprimir las recientes protestas, fueron sancionadas en 1878 y 1807, respectivamente.

Es notable como aquellos sectores que se autoperciben como depositarios de los valores republicanos, que dicen valorar la calidad y fortaleza institucionales, no logran apreciar el valor de una medida que coloca al país en un situación de fortaleza democrática que pocos estados del planeta han logrado alcanzar.

Fuente: Télam

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