Justicia y Crímenes

Con un duro informe del fiscal, el juez Martínez de Giorgi debe decidir sobre la ruta de coimas en la obra del tren Sarmiento

Tras un nuevo informe presentado por el fiscal Franco Picardi, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe resolver sobre los supuestos sobornos en el contrato par el soterramiento del tren Sarmiento. En su dictamen, Picardi detalló “contratos simulados” que a la UTE integrada por la brasileña Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, suscribieron le habría permitido girar cerca de 5 millones de dólares a la Banca Privada de Andorra. Según la investigación, ese dinero se habría destinado al “pago de coimas”.

La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi y el fiscal Picardi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht (investigada en su país por la operación Lava Jato) , IECSA (que pertenecía al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra), Ghella y ComSa. Por el escándalo de las coimas, en junio del 2018 la brasileña se fue de la obra.

En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015, para manipular diversos contratos de obra pública.

En abril pasado, el juez procesó a los ex funcionarios kirchneristas y algunos empresarios, pero determinó que hasta entonces no podía darse por corroborado el circuito de coimas como para procesar a los empresarios por ese motivo.

En cambio, a los ex integrantes del ministerio de Planificación Federal, Martinez de Giorgi los procesó por “negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas”, por favorecer presuntamente a las firmas ganadoras de la licitación. También por dádivas se había procesado además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa, con embargos de cinco millones de pesos.

Pero la Cámara Federal porteña anuló la resolución, y le ordenó a Martínez de Giorgi volver a analizar la situación procesal de todos los acusados.

Para alimentar los elementos de prueba de ese análisis, este miércoles el fiscal Picardi presentó un informe de 70 páginas ante el juzgado, donde refuerza la tesis de la existencia de una ruta de sobornos. “Se sumaron nuevos elementos probatorios detectados por esta parte, como así también al nuevo material aunado al presente que confirman, aún más, que la UTE integrada por “Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A suscribió dos contratos ficticios o simulados con la firma española Detección de Riegos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. (DSC)”, sostiene el escrito.

La fiscalía sostuvo que estos contratos ficticios le permitieron a las empresas girar USD 4.495.250 a la Banca Privada de Andorra (BPA) “para el pago de sobornos con motivo de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”.

En sus reiterados dictámenes, el representante del ministerio Público Fiscal planteó que la transacción comercial puesta en crisis “se erigió como un eslabón más dentro de un engranaje jurídico y financiero diseñado por las firmas en cuestión y sus integrantes con el solo fin de concretar el pago de sobornos a funcionarios públicos integrantes de la entonces cartera del Ministerio de Planificación Federal y asegurarse de esta forma la adjudicación y continuidad de la obra”.

Para Picardi no hay dudas respecto a la ruta de sobornos que rodearon al multimillonario proyecto, cuya financiación fue garantizada por el gobierno de Alberto Fernández este jueves.

El escrito que se presentó ante el juez Martínez De Giorgi remarca: “La estructura de corrupción estudiada se ha traducido en maniobras de suma complejidad, que han incluido un pacto venal sellado a partir del año 2005 entre determinados funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y empresarios de las firmas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.”.

Esta estructura además, pudo funcionar con las “sucesivas connivencias, promesas de pagos y pagos indebidos, contratos comerciales simulados y una ingeniería financiera diseñada para la triangulación espuria de cuantiosas sumas de dinero, con la participación de sociedades nacionales y extranjeras, tanto en miras a posibilitar retornos para la canalización de sobornos, como para consolidar provechos económicos resultantes”.

La nueva información incorporada al expediente, se fundó en datos proporcionados por el Principado de Andorra, de donde surgió material probatorio concluyente que “vincula de manera directa e indubitable a la UTE CNS en operaciones de triangulación de dinero con fines ilícitos a través de cuentas bancarias abiertas a nombre de empresas offshore en la BPA, y que fueron originadas con motivo de la licitación pública”, del soterramiento.

A su vez, se sumó un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General de la Nación (DAFI), que expuso los ingresos y egresos de los operados en las cuentas bancarias de las firmas intervinientes en la operación triangular, lo que “involucró a la UTE, y que confirmaron que ésta giró al exterior fondos con fines espurios”.

Finalmente, se sostuvo que se giraron en torno a la contratación comercial para “las ofertas 1 y 2/2010 acordadas entre la UTE CNS y DSC y que todas ellas fueron fingidas o simuladas”

Para el fiscal, no hay dudas que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron “modificaciones en el contrato original” que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.

Este informe refuerza algo que para la fiscalía ya está corroborado que se tejió una red de firmas off shore para que Odebrecht y sus socios siguieran entregando coimas regularmente a través de la empresa fantasma española DSC. Esta compañía está mencionada en diversas causas contra Odebrecht como vehículo para distribuir pagos ilegales a funcionarios de distintos países. En el expediente del tren Sarmiento, habría servido por ejemplo para remitir cinco millones de dólares a Andorra.

Fuente: Clarin.com

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