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Argentina

Dominicana cumplió condena por tráfico de drogas, tuvo tres hijos argentinos y teme que la expulsen

Dice que está desesperada, que no puede dormir ni proyectar. Ve el futuro borroso ante su muy posible expulsión de la Argentina. Lis Moreta Santana tiene 39 años, es dominicana y vive en la Argentina desde 2005. Está en pareja con Fabián, con quien tuvo tres hijos argentinos.

Además de la maternidad y de estar estudiando para terminar el secundario, es peluquera y ayuda a su marido, que trabaja en una fábrica en José C. Paz, donde viven con los tres chicos de 5, 8 y 13 años; además de otro hijo de Lis, de 22.

Lis llegó a Buenos Aires en 2005, desde España, donde sufrió “un verdadero infierno, entre adicciones, deudas y dealers“. Cuenta: “Vine a la Argentina para buscar un paquetito que retiré en el barrio de Congreso y a los pocos días me volvía a España”, recuerda con vergüenza.

Ese “paquetito” era cocaína. Era el bautismo de Lis como “mula” y dice que no tenía la menor idea de cómo camuflar la droga. La escondió en sus botas y en los controles de Ezeiza fue detenida y luego condenada a 4 años y 6 meses por tráfico de drogas. Cumplió 32 meses de sentencia en la Unidad 31 de Ezeiza y fue liberada en 2008.

“Yo me mandé una flor de cagada, lo sé. Estaba desesperada, enferma por las adicciones y encima amenazada por un dealer. No tenía escapatoria, por eso hice lo que hice, y así me fue”, se quiebra esta mujer, arrepentida de haber hipotecado su vida. Es que desde fines de 2007 está el pedido de deportación, momento en que se encontraba promediando su condena.

En enero de 2017 el Gobierno firmó el decreto 70, impulsado por el Poder Ejecutivo, con el fin de acelerar la expulsión de extranjeros con condenas en su haber. “Desde entonces, mi situación es complicadísima. Hay una sentencia firme de la Cámara Penal y la resolución de los jueces de primera instancia, que asegura mi deportación. Me vi tan desesperada que decidí hablar con los medios sabiendo que expondría a mis hijos, algo que no quería. Pero dejarlos sin madre es mucho peor“, dice.

Hasta su abogada de la Comisión de Migrantes le bajó el pulgar ante “sus escasísimas posibilidades” y le aconsejó buscar una niñera, porque su marido no puede hacerse cargo. “De tener que irme, quiero llevarme a los niños a Dominicana, pero ¿de dónde voy a sacar 200 mil pesos para pagar los pasajes?“, se desespera.

El decreto 70/2017 modificó la normativa incluida en la Ley de Migraciones 25.871, que permite agilizar y simplificar los procesos administrativos y judiciales en la resolución de casos de expulsiones de extranjeros vinculados con delitos.

“Migración tiene via libre a mi deportación. Incluso mi abogada me advirtió que si me para la Policía, por cualquier motivo, me deportan. Encima la sociedad me descalifica por ser negra e indocumentada. ¿Qué puedo hacer? Si reacciono, corro muchísimos riesgos, porque me aterra terminar en una comisaría. Es indignante y muy triste soportar todo lo que me dicen”.

Fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) le dijeron a Clarín que “el caso de la expulsión dictada a raíz de una condena por narcotráfico está en trámite en la Justicia y también en el área jurídica del organismo, donde por el momento no hay una fecha prevista para su resolución“. También desde Migraciones hacen saber que no habrá una determinación inmediata, pero Lis teme seguir los pasos de Vanessa Gómez Cueva, una mujer peruana que fue expulsada, deportada a su país de origen y separada de sus hijos.

¿Se toma en cuenta que la la deportación la separaría de sus hijos menores? “Se tiene en cuenta todo, pero también está la Ley, que hay que cumplirla. Por más buena conducta, por más que se redima, se cometió un delito. Pero hoy es un tema sin resolución”, insisten desde Migraciones.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, su director Diego Morales, cree que más allá de la Ley, “hay que evaluar cuándo fue cometido el delito y cuánto tiempo pasó del antecedente penal. Y por supuesto hay que considerar la unidad familiar como un elemento central para tomar una determinación”.

Morales se pregunta: “Hasta cuándo le van a seguir enrostrando el delito a esta mujer que, por lo que tengo entendido, salió adelante estudiando, trabajando y constituyendo una familia. ¿Sigue siendo una causa para expulsarla de un país que eligió para establecerse hace más de diez años?”.

El especialista agrega: “¿Qué sucedería si se concretara la deportación? Sería terrible, porque además los hijos son argentinos, deberían poder tener derecho a elegir quedarse con su madre en la Argentina. ¿Se piensa en lo que significaría para tres chicos rearmar su vida en República Dominicana?”.

Lis cierra los ojos y evita lagrimear. Dice que todavía se siente fuerte. “Siempre luché, toda mi vida. Y en la Argentina, desde hace 14 años la vengo peleando solita. Necesito una definición, no aguanto esta incertidumbre. Yo quiero seguir con mi vida aquí. Pero si me van a deportar, mi marido está dispuesto a firmar los papeles necesarios para otorgarme a mis hijos”, asegura.

En el primer trimestre del años la Dirección Nacional de Migraciones deportó a 156 personas. La cifra equivale a una expulsión cada 13 horas. La cantidad crece a un ritmo del 43% en los últimos tres años. Desde 2015 la cifra prácticamente se triplicó: de 239 pasaron a 703 en 2018. Y este año podría ser récord: hay al menos 1.800 personas en condiciones de ser deportada y sus casos ya están siendo analizados.

Está temerosa Lis, porque ni sus amigos saben el karma por el que está atravesando. “Es que intuyo que mi familia está por deshacerse, por eso recurro a los medios, con vergüenza, con dolor y con la desesperación de una madre que no quiere despegarse de sus hijos”.

El antecedente de una peruana 

A principios de febrero, la peruana Vanessa Gómez Cueva, de 33 años,  fue expulsada de la Argentina junto a su hijo más pequeño, por una causa penal relacionada al comercio de drogas.

El pasado 1° de febrero, la Policía Federal fue a la casa de Vanessa, a quien llevó, junto a su hijo de dos años, a la comisaría a firmar una notificación. Sin embargo, nunca retornó a su hogar y ese fue el último día en que vio a sus dos hijos mayores.

Con una residencia de más de 15 años en el país, Vanessa trabajaba como enfermera y vivía con sus tres hijos, argentinos, de 14, 5 y 2 años. Se trata de un caso que se parece bastante al de la dominicana Lis Moreta Santana.

Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, expresó: “El caso de Vanessa nos muestra cómo las políticas migratorias, contrarias a los derechos humanos, pueden convertir la vida de una familia en un infierno. Nos solidarizamos con Vanessa, e instamos al gobierno peruano, mientras ella se encuentre en Perú, a garantizar sus derechos y el acceso al apoyo integral que requiera”.

Amnistía Internacional urgió al Ministerio del Interior de la Nación y a la Dirección Nacional de Migraciones a que permita el reingreso de Vanessa a la Argentina. Además, solicitó que se garantice su retorno junto con su bebé y que permita la reunificación familiar con sus dos hijos menores de edad.

“Ella es un ejemplo de resocialización, estudió enfermería y se dedicaba a cuidar adultos. Cometió un delito, pero cumplió su condena y había rearmado su vida, Pero fue separada de sus otros dos hijos”, le había dicho a Clarín Raísa Ortiz Cetra, especialista en migrantes del Equipo de Trabajo Internacional del CELS.

Sobre Gómez Cueva, Horacio García, director de Migraciones, había señalado que “la mujer estaba condenada por narcotráfico” y que a pesar de que presentó distintos recursos, incluido un hábeas corpus, “la Justicia ratificó que debía ser expulsada”. Y agregó: “Fue el Gobierno anterior el que resolvió tramitar la expulsión”.

Clarin.com

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