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Argentina

Fuerte ofensiva opositora para tratar 33 proyectos indigeribles para el Gobierno – Clarín.com

La Cámara de Diputados se pondrá en marcha, aunque no será por los acuerdos, sino por la confrontación. Para el próximo jueves 4 de abril, las tres vertientes principales del peronismo –el kirchnerismo, Argentina Federal y el massismo- lanzaron una fuerte ofensiva con el pedido de una sesión especial para las 11.30, con el objetivo de tratar una lista de 33 proyectos, casi todos indigeribles para el Gobierno. La carta fuerte para incomodar a Cambiemos: iniciativas ingresadas en las últimas horas que se hacen eco del fallo de la Corte Suprema, que eximió a los jubilados del pago de Ganancias. Apuntan a modificar la ley de Ganancias, para ponerla en línea con la sentencia del máximo tribunal.

Como anticipó ayer Clarín, se trata de una batería de temas “tóxicos” para el Gobierno. Muchos proyectos buscan ponerle límites a la suba de tarifas. Hay una declaración de emergencia alimentaria, iniciativas de becas para estudiantes universitarios y terciarios, de boleto escolar gratuito, una decena de proyectos sobre violencia de género y otros seis relativos al conflicto de Fabricaciones Militares buscando, entre otras cosas, la reincorporación de los empleados despedidos.

Toda esta agenda va por un carril opuesto al del Gobierno, que de su lado fracasó en su intención de sesionar el miércoles pasado para aprobar el proyecto contra las barras bravas del fútbol.

La sesión especial fue pedida al titular de la Cámara, Emilio Monzó, con la firma de los líderes de los bloques del FpV, Agustín Rossi, del peronismo federal, Pablo Kosiner, y del Frente Renovador, Graciela Camaño, entre otros. La estrategia fue ampliar el temario buscando sumar voluntades para lograr un quórum que de todas formas, se anticipa complicado. Un factor es que el 2 de abril es feriado nacional y eso conspira con los viajes a Buenos Aires de legisladores del interior.

“Que se haga cargo el que no venga, no queremos un Congreso cerrado y voy a pedir que se descuente el día a los que no se presenten”, le dijo Camaño a Clarín.

Con sus propios problemas internos, Cambiemos no se reunió hasta ahora para ver cómo se plantará ante la ofensiva de los peronismos. Pero fuentes oficialistas indicaron que pasará lo mismo que cuando la oposición empujó los debates para frenar los despidos y los aumentos de tarifas: esperar en bambalinas y si los solicitantes consiguen el quórum, entrar al recinto a bloquear la posibilidad de que se habilite el tratamiento de los proyectos. Es que ninguno tiene dictamen y necesita dos tercios.

Pero el plan opositor es político: que el Congreso sea caja de resonancia para amplificar las críticas al Gobierno por la situación social. “El peronismo hará eje en tarifas, el Congreso no puede ser indiferente menos ahora que se conocen los datos de la UCA y el Indec sobre pobreza”, decían en el bloque PJ. En la lista hay un proyecto de Kosiner para subir las tarifas acorde con el índice de variación salarial. Aún si no hubiera quórum habrá discursos en el recinto, expresiones “en minoría” en que la oposición buscará hacerle pagar costos políticos al oficialismo.

Agustín Rossi en el recinto de Diputados, en marzo de este año.

La carta de peso para impulsar la sesión será el fallo de la Corte sobre Ganancias y jubilados. Por eso el temario está encabezado por dos proyectos, uno de la massista Mirta Tundis: “Legisla pura y exclusivamente en línea con lo que falló la Corte”, le dijo la diputada a Clarín. “Sergio Massa nos pidió avanzar con la ley para que los jubilados no tengan que ir a juicio para conseguir la eximición”, agregó. Otra iniciativa es de la cristinista Luana Volnovich. Va en el mismo sentido, pero añade un bono anual para todos los jubilados y pensionados, y convierte la pensión universal en jubilación ordinaria.

Cambiemos pedirá que los proyectos pasen por las comisiones respectivas. Con sus 108 diputados tiene la capacidad de bloquear los dos tercios. Sobre jubilados y Ganancias, como es un impuesto que se coparticipa, juega a que los gobernadores influyan sobre sus diputados para no avanzar en la eximición del pago hasta que no se encuentre forma de compensar los recursos que se dejan de recaudar, en total entre 7 y 8 mil millones de pesos para 2019.

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