El oficialismo en el Senado aprobó el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura

En la sesión especial de este jueves se puso en consideración el proyecto del Poder Ejecutivo, que el Frente de Todos logró consensuar con senadores aliados, incorporando cambios a propuesta del rionegrino Alberto Weretilneck y de la misionera Magdalena Solari Quintana.

Al abrir el debate, el senador del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dispuso la inconstitucionalidad de la actual Ley del Consejo de la Magistratura. «La Corte, después de 16 años de vigencia, no hizo justicia. Pero sí hizo una ley», indicó.

El senador jujeño conminó a sus colegas a «tener ley para no dejar paralizada la Justicia» y agregó: «Tenemos que mejorar la calidad de la Justicia que tenemos, tiene que haber un organismo que nombre a los jueces y controle su conducta. Necesitamos una ley, no dejemos a la Justicia paralizada, tenemos la obligación de reglamentar».

«Cumplamos con nuestro deber constitucional de legislar. Y que la Justicia se ocupe de emitir fallos, no de legislar. La sociedad hoy dice que la Justicia está peor vista que nosotros. Es el momento de recuperar a esa Justicia volviendo a la institucionalidad y al respeto entre todos», cerró Snopek.

En el mismo, sentido el senador oficialista, Oscar Parrilli, indicó: “Estamos debatiendo un proyecto de ley que nos vemos obligados a tratarlo por una actitud absolutamente inconstitucional. Hoy estamos sancionando una medida transitoria que nos impone el fallo de la Corte, que está avasallando al Poder Legislativo”.

El legislador del Frente de Todos no se guardó las críticas hacia la gestión macrista: “No puedo dejar pasar por alto que estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por una actitud que tomó una Corte Suprema integrada por dos jueces que se eligieron así mismos como autoridades de la Corte, que aceptaron se nominados por decreto y que, además, quien los propuso esos dos nombres, ahora está prófugo de la justicia de la Argentina. Está fugado en Uruguay, como los dólares se fugaron”.

Parrilli advirtió en su discurso que el hecho de que «una Corte diga ‘si no estoy yo, no hay independencia en la elección del Consejo’ suena muy raro» y aseguró que «están diciendo por los diarios que va a asumir» el juez del máximo tribunal Horacio Rosatti como presidente de Magistratura. «Este fallo ha legislado, ha hecho cosas que no debía hacer, es como si nosotros sacáramos una sentencia contra alguien, no nos corresponde a nosotros», añadió.

La semana pasada el Frente de Todos llegó un acuerdo con los bloques aliados, integrados por el senador rionegrino Alberto Weretilneck y por la misionera, Magdalena Solari Quintana, para hacer lugar a sus reclamos y sumarlos detrás el proyecto oficialista para así garantizarse los votos en el recinto. El titular del bloque Juntos por Río Negro había solicitado «federalizar» el proyecto.

Por su parte, la senadora de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila defendió el dictamen en minoría de su interbloque. «Las funciones de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura son complementarias, no pueden estar separadas en estamentos estancos». «No poder integrar a la Corte dentro del Consejo está a nuestro entender fuera de lugar», advirtió, explicando el por qué del voto negativo de su bancada.

En el mismo sentido, la senadora jujeña de Juntos por el Cambio y actual miembro del Consejo de la Magistratura, Silvia Giacoppo, explicó la posición de su espacio. «No hay equilibrio, ni independencia, violamos el espíritu del constituyente, este proyecto es para volver a ese espíritu. El eje inalterable de una democracia está en la limitación de cada uno de los poderes», dijo.

Esta postura fue respondida por el senador tucumano del Frente de Todos, Pablo Yedlin, quien explicó que la Constitución Nacional «en ningún momento prevé que sea el presidente de la Corte Suprema quien presida el Consejo de la Magistratura». «No es lo que dice la Constitución ni está en el espíritu de los constituyentes. Todo lo contrario, eso generaría un real desequilibrio», señaló.

Al momento de los cierres, el titular del bloque de la bancada de la UCR, Luis Naidenoff, argumentó que el debate sobre el Consejo de la Magistratura “no tiene que ver con la Corte si o la Corte no, eso es secundario, porque el problema central que estamos discutiendo en la Argentina es cómo se planta la política ante el Poder Judicial”.

El formoseño les habló directamente a los senadores del oficialismo. “Ustedes consideran que la política tiene que tener el control del poder. No conciben a la política sin el control de todo” y agregó: “Si estamos votando para que el disciplinamiento pase por la política no entendieron nada”.

“Nosotros discrepamos de esa mirada. Así como desde 2006 nos separan visiones distintas, en este tema de la justicia, como se trata del poder, nos separa un abismo”, concluyó.

Al tomar la palabra como última oradora, ya que José Mayans finalmente le cedió la palabra, la vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, cuestionó la postura de Juntos por el Cambio.

“¿Cuál fue el vicio de origen que profundizó la crisis del poder judicial?”, se preguntó. “Fue cuando el gobierno macrista asumió y designó a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Todos podemos hacer discursos muy bonitos, republicanos, pero uno cuando gobierna demuestra realmente quién es. Juntos por el Cambio debería pensar sus prácticas antes de intentar aleccionar al peronismo”, explicó.

En este sentido, hizo un relevamiento histórico de todos los proyectos de la oposición que durante los últimos años propusieron cambios al Consejo de la Magistratura, dejando afuera a la Corte. Ahí, listó iniciativas de Elisa Carrió, Mario Negri, Patricia Bullrich y el propio Luis Naidenoff.

“En conclusión, o nacieron de nuevo o en realidad lo que hacen en cada momento en que les toca decidir es hacerlo en base a la coyuntura y no las instituciones”, siguió Fernández Sagasti y justificó el voto por la positiva de su bloque: “Este Congreso está respondiendo a ese fallo político y judicial de una manera democrática y con responsabilidad institucional”.

El proyecto aprobado plantea que de los cuatro consejeros abogados, tres sean del interior, y que la misma proporción se respete con los consejeros jueces: que tres de los cuatro pertenezcan a cámaras ubicadas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Además, se establecen cuatro regiones: AMBA (Ciudad de Buenos Aires, La Plata y San Martín), Norte (Salta, Tucumán, Resistencia, Posadas, Paraná y Corrientes), Centro (Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza) y Sur (Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, General Roca y Comandante Luis Piedrabuena).

El Consejo deberá estar integrado por un abogado y un juez por cada una de estas cuatro regiones, y además deberá cumplirse la regla de la paridad de género, con representación igualitaria.

Por otra parte, el Consejo deberá sesionar una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país. En tanto, se creará una quinta comisión denominada de «Asuntos Federales», la cual estará integrada por cuatro senadores, uno por cada una de las cuatro regiones mencionadas.

La fuerza política con mayor representación parlamentaria tendrá dos senadores en la comisión, mientras que la primera minoría y la segunda minoría tendrán un representante cada una.

Por último, a solicitud de Solari Quintana, se estableció que el representante designado por el Poder Ejecutivo no podrá ser reemplazado una vez finalizado su mandato por un integrante del mismo género, sino que deberán alternarse mujer y hombre.

El 16 de diciembre pasado, la Corte Suprema emitió un fallo por el que declaró inconstitucional la ley vigente sobre el Consejo de la Magistratura, y concedió hasta el jueves 14 de abril para la aprobación de un nuevo marco normativo.

Si eso no ocurriera, a partir del próximo viernes 15 se declararán inválidas todas las resoluciones que adoptase el Consejo de la Magistratura, paralizando a este órgano clave en el funcionamiento institucional de la Justicia. Pero además, la sentencia prevé restaurar la vigencia de la ley derogada en 2006, cuando se aprobó la reforma que redujo de 20 a 13 la cantidad de consejeros, y le quitó a la Corte Suprema representación en el órgano (detentaba la presidencia).

Fuente: Ámbito.com