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Denuncian desplazamiento forzado habitantes de Chiapas, amenazas, violencia y violaciones – infobae

Rosa López,  Eva Méndez, Cristina Pérez y Etzín López son mujeres indígenas pertenecientes a comunidades tzeltales y tsotsiles del estado de Chiapas; que desde hace años fueron obligadas a salir de sus hogares víctimas de la violencia política que viven las comunidades al sur de l país.

Amenazas, violencia, despojo, extorsiones y hasta violaciones tumultuarias a sus familiares,  son lo que han padecido sin que ninguna autoridad les de solución, por el contrario, jueces de sus comunidades no han querido levantar las denuncias correspondientes alegando que se rigen por “usos y costumbres”; en el caso del delito de violaciones, no se levantaron porque las afectadas no hablan español y el ministerio público no les  facilitó un traductor.

Desde hace 10 años Eva no puede regresar a su casa

Eva Méndez es originaria del municipio de Ocosingo, desde  el 6 de marzo del 2009 fue obligada por un grupo paramilitar a salir de su casa “por no querer votar por el partido político”, el que en ese entonces estaba en el poder.

Eran épocas de elecciones y Eva cuenta que  comenzaron a amenazar a su familia para que votara por el Partido Verde (PVEM) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de lo contrario los “desalojarían”, se negaron y  pasando las votaciones un grupo de gente armada los sacó de su casa con lujo de violencia, violaron tumultuariamente a una de sus familiares, secuestraron a otro y le rociaron gasolina,  cuenta que les pedían dinero para no prenderle fuego, obligaron a su papá a firmar un documento donde cedía los derechos de sus tierras y los sacaron  de su casa hace 10 años. Junto con ellos se fueron 10 familias más.

Con el mismo modus operandi desplazaron de su comunidad de origen  a Rosa, a Cristina y a Etzín en el 2015. Con ellas también fueron desplazadas otras 335 personas que ahora integran el colectivo Caravana de Pies Cansados,  quienes actualmente se encuentran refugiados en  Tuxtla Gútierrez, capital de Chiapas.

Acusan a las autoridades locales de  estar coludidos con grupos de paramilitares

Comunidades indígenas del sur del país viven, desde hace años, en situación de desplazamiento forzado por causa de grupos paramilitares,  que los han obligado a abandonar sus hogares para buscar una zona en la que tengan mayor seguridad.

En conferencia de prensa en Ciudad de México, Eva Méndez, Rosa López, Cristina Pérez y Etzín López, indígenas de 4 comunidades distintas, denunciaron que además de no recibir solución ni apoyo de las autoridades locales, “en todos estos  años”; en días pasados el  todavía gobernador del estado sureño,  Manuel Velasco,  desalojó con uso de la fuerza pública la protesta pacifica que realizaban frente al Congreso en Tuxtla Gutiérrez, municipio donde se encontraba presentando su último informe de gobierno.

Exigen juicio político para  gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, quien el sábado próximo termina su mandato y  ocupará un escaño en el Senado.  Lo acusan ser responsable de represión y de no haber hecho nada en su administración para combatir los desplazamientos forzados internos, al contrario,  en su administración fueron más de 7 mil personas las que se vieron obligadas a salir de su casa por amenazas o violencia.

Las cuatro mujeres indígenas fueron comisionadas por colectivo Caravana de Pies Cansados para viajar a la capital de país y solicitar la intervención del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder regresar a su casa en condiciones dignas y de seguridad.

 No existen leyes para la atención y prevención para el desplazamiento forzado

Además del juicio político a Velasco Coello, también  exigen al nuevo gobierno de México que realice acciones específicas como la desarticulación de los grupos paramilitares que existen en Chiapas,  la creación de una Ley General para la Prevención  y Atención Integral del Desplazamiento Interno que contemple un registro de personas desplazadas, un fondo económico para la atención integral, procesos de pacificación y la reconstrucción del tejido comunitario, así como la tipificación del delito de desplazamiento forzado interno.

En entrevista para Infobae con Adelfo Regino,  titular del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dijo estar en la mejor disposición de atenderlos “para ver de que modo la nueva institución puede contribuir  para la resolución de la grave situación en la que se encuentran en este momento”.

También explicó que trabajarán en tres ejes: la implementación de los derechos de los pueblos originarios, el desarrollo integral , intercultural y sostenible para el desarrollo de los pueblos y el fortalecimiento de sus culturas, leguas e identidad.

Por su parte, el colectivo  le da el beneficio de la duda al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno, para que les dé solución y puedan regresar a  sus  comunidades en un contexto de dignidad y paz,  o en su defecto que los pueda reubicar en otro lugar pero bajo las mismas condiciones,  indicaron las representante de dicho colectivo.