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La justicia española otorgó este martes un régimen de semilibertad para Antonio Troitiño, antiguo miembro del grupo separatista vasco ETA y responsable de una veintena de asesinatos, por la “enfermedad grave e incurable” que sufre el preso.

En un auto difundido por la Audiencia Nacional, tribunal especializado en causas terroristas, el magistrado José Luis Castro Antonio alega que Trotiño sufre “una enfermedad muy grave e incurable, que solo puede ser tratada con medidas paliativas” que podrían verse dificultadas por su encarcelamiento.

“Se estima el recurso del interno Antonio Troitiño Arranz (…), incóese expediente de libertad condicional”, indicó.

Aunque la decisión puede ser recurrida, la fiscalía está de acuerdo, con lo que una vez termine el plazo de cinco días para presentar apelaciones y la sentencia sea firme, el antiguo miembro de la extinta ETA será excarcelado.

Troitiño ya había cumplido más de la mitad de los casi seis años de cárcel a los que había sido condenado en 2018 por pertenencia a organización terrorista.

Previamente había sido condenado a más de 2.000 años de cárcel por su responsabilidad en la muerte de 22 personas en varios atentados, entre ellos uno contra un autobús de la Guardia Civil en 1986 en Madrid con 12 fallecidos y más de 50 heridos.

De esa pena, solo cumplió 24 años al ser liberado en 2011 gracias a una nueva jurisprudencia sobre los descuentos de pena. La decisión fue revocada días después, pero él ya había marchado de España.

En 2012 fue detenido en Reino Unido y, tras cinco años de batalla judicial, en 2017 fue extraditado a España para ser juzgado por “pertenencia a banda armada”.

Su excarcelación se produce en medio de un debate en España sobre cómo proceder con los casi 200 presos de ETA una vez disuelta esta organización que causó más de 850 víctimas mortales durante cuatro décadas de violencia por la independencia de las regiones del País Vasco y Navarra.

Desde su llegada al poder en 2018, el gobierno del socialista Pedro Sánchez intensificó los acercamientos de internos a cárceles del País Vasco, acabando con la dispersión de los presos etarras en centros muy alejados de sus familias.

La oposición de derecha y algunas asociaciones de víctimas critican esta política que entienden como una concesión al partido separatista vasco Bildu por su apoyo al gobierno minoritario de Sánchez.

dbh/mg/pc

Fuente: Infobae